La Fiscalía española archivó las denuncias por delitos sexuales y trata de personas presentadas contra el cantante Julio Iglesias por dos exempleadas, al determinar que la Justicia de ese país no era competente para investigar los hechos denunciados. La decisión fue comunicada este viernes por el Ministerio Público.
Según se informó oficialmente, el archivo de las actuaciones se resolvió por falta de jurisdicción de los tribunales españoles. “Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (…) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía”, señaló el comunicado difundido por la Fiscalía.
Las denuncias habían sido presentadas el 5 de enero ante la Justicia española por dos mujeres que se desempeñaron como empleadas del artista. En sus presentaciones, afirmaron haber sido víctimas de presuntas vejaciones, acoso sexual y abuso de poder. De acuerdo con una investigación periodística de la cadena estadounidense Univision y el medio español eldiario.es, los hechos denunciados se habrían producido durante 2021 en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana y en Bahamas.
Fundamentos del archivo de la causa
Tras analizar la presentación, la Fiscalía indicó que no podía iniciar una investigación debido a que las denunciantes “son extranjeras” y “no residen en España”. Además, se consignó que el acusado tampoco se encontraba en territorio español y que los presuntos hechos ocurrieron en países que cuentan con plena competencia judicial para investigarlos.
Julio Iglesias, de 82 años, había solicitado el archivo de la denuncia y defendió su inocencia. En los días previos a la resolución fiscal, difundió a través de sus redes sociales copias de mensajes intercambiados con las exempleadas. “La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, expresó el cantante.
Reacción de las organizaciones que acompañan a las denunciantes
Las organizaciones Women’s Link y Amnistía Internacional, que patrocinan y asesoran a las denunciantes, cuestionaron la decisión de la Fiscalía y afirmaron que continuarán impulsando acciones legales. A través de un comunicado, señalaron que “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”.
Las ONG consideraron “lamentable” el archivo de la investigación por los presuntos delitos de trata, trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual y lesiones. En ese sentido, sostuvieron que la Justicia española “pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia incluida en la denuncia”.
Asimismo, remarcaron que la resolución no implicó un análisis de fondo sobre la culpabilidad o inocencia del denunciado, por lo que las denunciantes podrían reproducir su presentación ante los órganos judiciales que consideren competentes. También cuestionaron los alcances del principio de jurisdicción, al señalar que “la idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos no ocurrieron en España desconoce el principio de extraterritorialidad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”.