Se trata de uno de los temas prioritarios de la agenda del Gobierno, que aspira a que la Cámara de Diputados sancione la ley en el mes de abril, para que pueda entrar en vigencia en este turno electoral. El objetivo es permitir a las empresas que puedan aportar a las campañas, algo que hoy tienen vedado.
El dictamen fue firmado a principios de noviembre pasado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, conducido por el justicialista Dalmacio Mera. El texto establece un modelo mixto, por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para sus campañas electorales.
Así, se habilitan los aportes de personas físicas y jurídicas, con un tope del 5% de los gastos permitidos para esa campaña; y además se obliga a entregar el dinero mediante transferencia bancaria, una medida tendiente a la transparencia.
El peronismo proponía que los sindicatos también pudieran aportar, pero Cambiemos se impuso y se mantendrá la prohibición que rige actualmente.
Tampoco podrán hacer aportes las empresas concesionarias o contratistas de Nación o provincias; las empresas de juegos de azar o extranjeras sin domicilio o residencia en el país, entre otros casos.
Mauricio Macri había incluido el proyecto en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas en diciembre, pero algunas diferencias al interior del peronismo causaron la postergación del debate. El presidente no habló del tema en la apertura de sesiones ordinarias, pero Pichetto ratificó su compromiso ante el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, a quien recibió en las últimas semanas.
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