La resolución, en tanto, ordenó supervisar a los operadores que actualmente se encuentren inscriptos y que, en caso de no desarrollar la actividad acordada, se ejecute la baja inmediata del permiso.
La suspensión apunta directamente a aquellas personas jurídicas que buscan actualmente estar autorizadas en la categoría “Criadero” y cuyo fin es realizar “fitomejoramiento y desarrollo de nuevas variedades” en la planta. En efecto, desde el Gobierno consideraron que “resulta necesario incrementar los controles de las categorías que operan con esta especie” ante la cantidad de operadores inscriptos en los últimos años.
La reciente baja se da en un contexto en que la ciudad de Santa Fe y la región se encuentran en el centro de la escena a partir de dos causas judiciales que tramitan en la Justicia federal: una que investiga a un grupo de santafesinos por montar dos viveros con más de mil plantas de marihuana, en un campo de Arroyo Leyes bajo una fachada legal, pero con presuntos fines de tráfico; y el otro que tiene como protagonista a un empleado de la Empresa Provincial de la Energía recientemente detenido en ruta 168 por transportar 700 gramos de cogollos fraccionados en bolsas.
En el caso del vivero de la ruta 1, fueron detenidos y procesados siete hombres acusados de cultivo de plantas aptas para producir estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada.
Según la imputación, formulada por el fiscal Walter Rodríguez, la organización estaba liderada por el barra de Colón, Gabriel “Cachi” Nudel, quien junto con el abogado Osvaldo Ceresole, montaron un mega vivero -con más de 1500 plantas- en la ruta 1 y otro en Santiago del Estero al 3600 de la ciudad de Santa Fe. Todo, creen desde la Justicia, bajo una fachada legal que no habría contado con el control del Inase.
"Los establecimientos allanados presentaban evidentes rasgos de clandestinidad, absolutamente distantes a la conformación de emprendimientos destinados a fines científicos y experimentales", consideró el fallo que procesó a los siete detenidos y que fue dictado por el juez Aurelio Cuello Murúa.
La otra causa que puso nuevamente al Inase en el centro de escena es la que está a cargo del fiscal Gustavo Onel y su coadyuvante, Natalia Palacín y que investiga a un empleado de la EPE, identificado como Damián Bidone, y el cual fue detenido el pasado 26 de marzo en un control de la Policía Federal.
Aquel procedimiento se dio en horas de la tarde sobre la ruta 168 y el cruce con la ruta provincial 1. En ese entonces, Bidone fue sorprendido por agentes de la PFA que solicitaron que detenga su marcha y luego de sentir un fuerte olor a marihuana desde adentro de la camioneta ordenaron que descienda para requisar el vehículo. Tras inspeccionar el vehículo, los policías secuestraron 700 gramos de cogollos de marihuana fraccionados en bolsas.
Tras su detención, la Justicia ordenó ese día, en horas de la noche, allanar la casa de un familiar de Bidone ubicada en el barrio cerrado Aldea Setúbal de Colastiné Norte. En el interior, los investigadores hallaron más de un kilo de cogollos de marihuana por lo que la situación del empleado de la EPE se complicó aún más ya que, además de ser imputado por transporte de estupefacientes, fue acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Un día después, la Justicia ordenó allanar en el mismo barrio la casa de Bidone tras recibir una denuncia anónima en donde acusaron al santafesino de 30 años de tener un vivero clandestino de marihuana. Sin embargo, cuando los agentes de la PFA llegaron al inmueble encontraron un invernadero vacío y con signos de haber sido desmantelado unas horas antes del procedimiento judicial.
A partir de ese procedimiento, trascendió que Bidone se encontraba inscripto en el Instituto Nacional de la Semilla (Inase), el organismo que ahora, de manera provisoria, suspendió la inscripción para cultivar marihuana con fines científicos en toda la Argentina. (Aire de Santa Fe)
