El miércoles pasado, el oficialismo terminó de recabar todos los pedidos de modificaciones por parte de los senadores dialoguistas por escrito y el plenario de comisión y la comisión de Presupuesto y Hacienda entró en cuarto intermedio hasta este martes o miércoles.
Si bien el Poder Ejecutivo ya aceptó varias modificaciones como el RIGI, aún resta saber qué hará con el resto de los cambios solicitados. Uno de los nuevos reclamos que apareció fue la eliminación de algunas palabras del texto referido a las facultades delegadas y su incidencia en el sector público.
El senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider de Entre Ríos, pidió eliminar la palabra "disolución total o parcial". De no prosperar esta propuesta, el entrerriano pidió la exclusión de una serie de empresas y organismo públicos para que, eventualmente, no puedan ser eliminadas: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Banco nacional de Datos Genéticos; CONADI; Senasa.
En esa línea, Kueider solicitó la quita de Aerolíneas Argentinas de las empresas sujetas a privatización. Para defender su postura, aseguró que "no todos los organismos del Estado pueden dar superávit".
También aspira a que se aparte el texto administrativo de ley de Bases y lo mismo con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Los cambios que se negocian a último momento en la ley Bases
No obstante, no le cerró la puerta a un posible apoyo a las modificaciones que podría proponer el líder de la Unión Cívica Radical (UCR) y senador porteño, Martín Lousteau.
El senador radical Víctor Zimmermann (Chaco) le pidió al oficialismo que garantice el financiamiento de los organismos de ciencia y técnica bajo el Plan 2030. Además, en la misma línea de Kueider, objetó la privatización de Aerolíneas y sumó al Correo Argentino.
En el plano laboral, habló de las cuotas sindicales y pidió que "sean válidas siempre y cuando haya una manifestación manifiesta en contrario". Los dardos siguieron para el RIGI, donde pidió claridad para las competencias provinciales.
En ese sentido, profundizó en la necesidad de ajustar artículos que protejan la producción local y la industria nacional para favorecer a la cadena de bienes y servicios: "Sería positivo que, a partir de los 10 años, los beneficios empiecen a ser decrecientes".
También tocó el tema previsional: "Creemos que la edad de la adhesión debería ser 60 años para las mujeres y 65 los hombres". (Ámbito)
