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La disolución del área implica el despido de 900 técnicos que asisten a unas 130.000 familias de pequeños productores de todo el país. En Entre Ríos los afectados son 34 trabajadores con más de diez años de antigüedad, hasta 30 años en algunos casos; y con una amplia capacitación en la materia, que con su trabajo permitían el desarrollo de los pequeños productores agropecuarios de la provincia.
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La situación de vulnerabilidad legal, institucional y personal en que se encuentran los trabajadores no tiene respuestas por parte de la intervención designada en el área, que no solo les imposibilita el acceso a las oficinas, sino que también les impide acceder a cualquier tipo de información sobre actual condición e incluso a los legajos personales.
Igualmente son perjudicadas las familias campesinas que a través de la agricultura familiar forman parte de la economía social en la provincia, que constituyen un sector social y productivo que no es considerado por el gobierno nacional y que tampoco ha motivado hasta ahora ningún posicionamiento de parte de la gestión provincial.
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En el mismo sentido se hizo hincapié en la necesidad de instar al Poder Ejecutivo provincial para que gestione el sostenimiento de estas políticas y de los puestos de trabajo.