Al respecto, el diputado Bruno Sarubi explicó a Elonce que "los certificados de obra, emitidos para documentar el avance de los proyectos, representan un título ejecutivo para las empresas contratistas. Esto significa que, con dichos certificados, las empresas pueden iniciar juicios ejecutivos".
Asimismo, enfatizó que este tipo de juicio, único en la provincia de Entre Ríos, ha generado dificultades significativas. "Hay obras que fueron paralizadas durante la gestión anterior y otras que se han estancado en la actual administración, como es de conocimiento público", afirmó.
El diputado señaló que, “como resultado de esta situación, se iniciaron 148 juicios en la provincia por parte de las empresas contratistas, reclamando el pago por las obras realizadas”.
En cuanto a los beneficios de la nueva ley, Sarubi explicó que "se busca paralizar los embargos y procesos judiciales, brindando al poder ejecutivo herramientas para reestructurar y reorganizar las deudas del estado, con el fin de reactivar la obra pública".
Consultado sobre la reactivación de los puestos de trabajo vinculados a la obra pública, Sarubi señaló que "será un proceso progresivo, dado que la situación económica del país no se resolverá de la noche a la mañana, pero esta ley marca un punto de partida para noticias positivas en el futuro".
