El contrato de alquiler con la firma Gasga SA venció el último 31 de octubre. El edificio al parecer tiene un uso intensivo, según una disposición de la Procuración que autoriza una renovación del alquiler.
“Desde la Dirección de Arquitectura Judicial, en su intervención, además de señalar las necesidades de atención relacionadas con el mantenimiento, observa el funcionamiento a pleno de sus instalaciones, no detectando lugares libres de uso, y menciona que sobre el mismo se han realizado oportunamente inversiones varias”.
La resolución que firma el Procurador Jorge García destaca que el valor del contrato se actualizará trimestralmente y pone de relieve “la complejidad y dificultad para la disponibilidad de inmuebles acordes y los altos costos que un traslado y su puesta en funcionamiento importa”.
Y agrega: “No debe dejar de tenerse presente al actual contexto socio-político-económico que está atravesando el país, y sus altas consecuencias en la volatilidad del tipo de cambio y del nivel de precios (inflación), como así también su impacto en los índices de precios, situaciones que dificultan la posibilidad de efectuar razonables estimaciones y/o definición de valores fijos a largo/mediano, e incluso largo plazo”.
Argumentó que “con eta contratación se evitan elevados gastos por traslado y puesta en funcionamiento, tales como mudanza, adecuaciones edilicias, instalaciones, adecuaciones eléctricas, conectividad y además erogaciones que son consecuencia del traslado de una dependencia del Estado, todo ello sumado a la imperiosa necesidad de contar con un espacio físico para el adecuado funcionamiento de las Fiscalías”.
