Romero está acusado por la Justicia de disparar un mortero casero contra los efectivos policiales que ese día impidieron que un grupo de manifestantes ingresara al Congreso Nacional durante el debate por la reforma previsional.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado un recurso extraordinario presentado por la defensa de Romero, que ya había intentado antes llevar el tema al máximo tribunal penal.
Casación había declarado antes que era inadmisible el recurso con el que los abogados de Romero habían intentado impugnar el fallo de la Cámara Federal porteña que rechazaba la exención de prisión, a la que también se había negado el juez de primera instancia.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando Patricia Bullrich ostentaba el cargo, había ofrecido ofreció una recompensa de $ 1.000.000 a aquellos que brindaran datos sobre su paradero.
Por medio de la Resolución 416/2018 publicada en el Boletín Oficial, y con la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, el texto recordaba que sobre Romero pesaba una orden de captura nacional e internacional "por haber participado en las conductas violentas" en el Congreso.
Además, la Policía Federal difundió diez identikits sobre cómo se vería en la actualidad Romero. La serie de imágenes lo mostraban ya sin rastas y con pelo corto o pelado, con anteojos o sin ellos, con barba candado o completa o bigote, con gorra y otras posibilidades para permitir su reconocimiento.
Cuando estaba prófugo, el militante había escrito una carta en la que aseguraba: "Estoy siendo perseguido como si fuera un terrorista porque fui parte de los miles que el 18 de diciembre resistimos en las calles contra el robo que estaban haciéndole a los jubilados". (Ámbito)
