"No se va a cortar con ninguna pensión de forma automática. Se comenzará a actualizar los certificados médicos que están actualmente en papel. Vamos a analizar cada caso en particular y, si hiciera falta, convocaremos uno por uno", afirman desde la Casa Rosada.
El antecedente más reciente fue la experiencia fallida de 2017, cuando el por entonces presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino; ordenó una quita masiva de pensiones por invalidez, sin aviso previo.
Tal fue el revuelo por aquel recorte abrupto de unas 60 mil pensiones que Badino fue desplazado, el Gobierno debió dar marcha atrás con la medida y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, que en lo formal quedó bajo la órbita del secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis; y en términos políticos de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Actualmente, según información oficial aportada por la Agencia de Discapacidad; hay 1.044.000 beneficiarios que deben cumplir con los requisitos que establece el decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478. Esto es poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar -el beneficiario o su grupo familiar- con ingresos o recursos.
La depuración implicará que a lo largo de este año la Agencia convoque a unas 120 mil personas para actualizar datos.<7b> "Va a ser fácil porque los que saben que no les corresponde el beneficio ni se van a presentar", vaticinan.
Pero habrá otras dos medidas sobre las que se trabajará en paralelo. En principio, tras la emisión de la resolución 268/2018, que estableció un nuevo circuito de control de la información, la Agencia comenzó a relevar presuntas incompatibilidades económicas y a notificar a los beneficiarios involucrados para que hicieran su descargo en oficinas de ANSeS en un plazo de diez días hábiles, con un período de gracia de otros 30 días más.
En esta primera etapa de análisis, surgieron más de 10 mil casos de incompatibilidades, según confirmaron al diario Clarín desde la Agencia. "Muchos figuraban con trabajo registrado. Otros que ni siquiera estaban en el país. Y hasta hubo casos de beneficiarios que pasaban tres meses sin ir a cobrar que va en contra del requisito de estar en situación de vulnerabilidad social que se debe cumplir para gozar de la pensión", repasaron desde el organismo, conducido por Santiago Ibarzábal. Este punto ya generó controversia en el pasado, cuando Badino dio de baja pensiones a personas con el argumento que tenían a su nombre un vehículo.
En 2017, un entrecruzamiento de datos permitió detectar unos 7 mil casos de beneficiarios que habían muerto pero igual se les seguía pagando la pensión. Aunque en un porcentaje menor, desde la Agencia admiten que también se detectaron casos y que una vez agotadas todas las instancias administrativas de control y revisión, serán dados de baja.
En el Gobierno apuntan que en parte esto se explica a partir del caos organizativo que heredaron. "Es muy difícil encontrar un expediente entre un millón de papeles", grafican en relación a que todos los legajos se confeccionaban en formato papel y se guardaban en distintas dependencias.
Por eso, hacia adelante, la idea es terminar con el expediente papel: para las personas que deseen tramitar una pensión, el Gobierno ya puso en marcha el circuito de Certificados Médicos Oficiales (CMO) digital, que deberá tramitarse en hospitales públicos y en el que cada médico tendrá que validar en forma online la discapacidad de la persona que tramita el beneficio.
Esta digitalización, exponen desde la Agencia, evitará que no haya más documentos ilegibles, como sucede hoy en tantos expedientes afectados por el deterioro del formato papel. Y que ningún médico pueda desconocer que firmó un certificado de discapacidad sin que se cumplieran los requisitos.
