El rastrillaje de los contratos en la administración pública quedó en manos del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Desde su área, indicaron al diario La Nación que los contratos no renovados serían menos de los que afirman los sindicatos. "No hay despidos masivos. Tal vez son 600, la mitad de lo que dicen. Todos los casos tienen una justificación en base al control de presentismo y la evaluación interna", dijo una fuente oficial.
Uno de los desafíos de la Casa Rosada será llegar a que sólo el 10% de los aproximadamente 200.000 empleados de la administración pública nacional esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público (25.164). La legislación impone que no debería superar el 15% del total de la plantilla las contrataciones temporarias. Hoy estaría por encima del 30%, según fuentes de UPCN.
"Se desvirtuó con [Domingo]Cavallo durante el gobierno de [Fernando]De la Rúa", argumentaron en el gremio que lidera Andrés Rodríguez, integrante de la cúpula de la CGT. El histórico reclamo sindical es por el cumplimiento de la ley marco de regulación del empleo estatal, que pone la lupa sobre la cantidad de contratos irregulares que desde hace años se multiplican en la administración pública.
Rodríguez tuvo en diciembre más de un encuentro con Ibarra y con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En uno de ellos les dio la garantía de que no reclamaría un bono de fin de año justo cuando desde algunas provincias se anunciaba el pago de un plus para estatales. La señal de austeridad se dio durante la misma charla en la que se negoció sobre el recorte de cargos y en la que se pactó no avanzar sobre el personal de planta permanente.
"El ajuste de Macri no es redituable, si lo quieren buscar desde el Gobierno por el lado del ahorro. En 2016 echaron a 10.000 personas de bajo rango, pero incorporaron otras 10.000 con salarios más altos, de 70.000 pesos", se quejó un dirigente de ATE.
En paralelo a la política de desvinculaciones, el Gobierno amplió en la administración pública un plan de retiro voluntario y de jubilación anticipada como parte del ajuste. Uno de los casos paradigmáticos sería el del Correo Argentino, que cuenta con más de 16.000 empleados y es una de las empresas del Estado que más dinero le demanda al Tesoro.
El objetivo a corto plazo de la compañía postal sería reducir al menos un 10% de su plantilla. De concretarse, elevaría el cálculo de bajas que pronosticaron los dos gremios estatales.
