En la audiencia que se realizó esta mañana en los Tribunales de Paraná, los fiscales, Evangelina Santana y Mariano Budasoff, reiteraron por cuarta vez su pedido de remisión de la causa a juicio por jurados. Por su parte, la defensa de González, a cargo de las defensoras públicas, Mariana Montefiori y Antonella Manfredi, y la de Hernández, responsabilidad del defensor público, Rodrigo Juárez, se opusieron y cuestionaron el agravante por alevosía.
En las tres audiencias anteriores, ante el juez de Garantías, Pablo Zoff, que subrogó a Garzón, las defensas habían cuestionado el relato del hecho, lo que derivó en los correspondientes planteos ante instancias superiores de revisión de resoluciones. Estas fueron rechazadas en todas aquellas, incluso en la etapa superior por excelencia ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que saldó las nulidades de las defensas respecto del relato del hecho.
A pesar de que la audiencia estaba programada para las 8.15, el tratamiento de los planteos de las partes comenzó a las 8.40. La demora tuvo su motivo en que los imputados fueron trasladados a Tribunales sin que las defensas lo hubieran solicitado. Tras el señalamiento de las defensas del anómalo traslado dispuesto por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), el juez dictó un cuarto intermedio para que los defensores pudieran explicarles a sus asistidos el motivo del traslado y recabar su consentimiento sobre si querían presenciar la audiencia, en la que no están obligados a comparecer.
Como corolario de la arbitraria decisión de la OGA, Garzón dispuso que se notifique a la directora de la oficina para que arbitre los medios a su disposición para que no se realicen traslados sin el expreso pedido de las defensas. El varón está con prisión preventiva en una granja especial, y la chica, en arresto domiciliario.
En esta cuarta audiencia, que fue continuidad de que se realizó en septiembre de 2023 ante Zoff cuando se discutió el relato del hecho, los fiscales dieron sus argumentos respecto a la calificación legal que se les endilga a los progenitores de la beba. Así, entendieron que se configuran los requisitos para endilgarles el delito de Homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Resaltaron el estado de indefensión en el que estaba la beba y que los padres violaron los deberes positivos que los comprendían por aquella condición. Añadieron que ambos acometieron “brutalmente” contra la beba sin ningún tipo de riesgo para sí, aprovechándose de la situación de indefensión en la que se encontraba la criatura.
Las defensoras adhirieron al planteo que formuló su par Juárez, que se opuso al agravante por alevosía puesto que les permitiría discutir la calificación legal, que si se confirma prevé una única pena: la prisión perpetua. El defensor fundó el rechazo en que el agravante no se configuraría porque la beba, por su sola condición, no estaba en condiciones de evitar, resistir o rechazar el ataque tal como lo exige aquel agravante. En apoyo de su postura, el defensor citó fallos y jurisprudencia que avalaría sus fundamentos. Así, señaló que la jurisprudencia citada sostiene que no siempre se podría endilgar el agravante en cada caso en el que la víctima es un menor en estado de indefensión. En la réplica, los fiscales argumentaron que no era esta etapa la pertinente para debatir el agravante.
Juárez destacó que la calificación tal como fue endilgada, podría predisponer al jurado popular en contra de los imputados y reiteró que la alevosía no es una circunstancia sino un estado que tiene que tener presentes los requisitos que exige el artículo que la determina. En este sentido, sostuvo que en este caso no se configura. (Fuente: APF)
