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El Ministerio Público Fiscal (MPF) representado por Martina Cedrés (quien llevó adelante la Investigación Penal Preparatoria) y Lisandro Beheran (fiscal general coordinador de la jurisdicción) ofrecieron su alegato de clausura ante el Tribunal integrado por los jueces Alicia Vivian, Arturo Exequiel Dumón y Mauricio Derudi.
El juicio tiene como imputado a Gustavo Rivas por diez hechos de promoción a la corrupción y promoción a la prostitución de menores.
El alegato comenzó a las 9 y finalizó minutos antes de las 13. Luego de describir cada uno de los hechos, los fiscales solicitaron una pena para Gustavo Rivas de 25 años de prisión y en caso de que el Tribunal otorgue en razón de la edad del imputado una pena domiciliaria, que la misma sea con tobillera electrónica y prohibición estricta de relacionarse con las víctimas.
Por su parte, la abogada Estela Esnaola (que representa a una víctima) alegó desde las 13 hasta las 13:45 y solicitó al Tribunal una pena de siete años, tal como lo había anticipado en su momento en la elevación a juicio.
Antes de las 14, el Tribunal ordenó un cuarto intermedio hasta hoy a las 8:30; donde completará el alegato de clausura la parte acusadora, con el turno del abogado Alfredo Vitale que defiende a una de las víctimas y quien en su momento adelantó que por ese único caso solicitará una pena de siete años y medio.
Luego, será el turno de la defensa a cargo de Raúl Jurado y se espera para el final que el imputado haga uso de su derecho a declarar, tal como lo hizo al inicio de las audiencias el 1° de abril.
Una vez concluido con este ritual, el Tribunal pasará a deliberar hasta el miércoles 22 (presumiblemente a las 10), cuando se convoque para dar a conocer el adelanto de veredicto que, a diferencias del juicio oral, será con acceso a la prensa y del público e incluso se transmitirá por el Canal de YouTube de la Justicia.
El caso
Doce personas denunciaron ante Fiscalía hechos atroces que vivieron cuando eran apenas adolescentes vinculados con la promoción a la corrupción y a la prostitución de menores; casi un centenar de testigos dieron cuenta lo que casi todos sabían y callaron; más de 200 fotografías explícitas (donde muchos se reconocieron), filmaciones, diapositivas y chats, ilustraron al Tribunal que los actos atroces ocurrieron tal y como fueron narrados por las víctimas.
El juicio comenzó el 1° de abril y se desarrolló sin público debido a que es una causa sensible a la dignidad de las víctimas, quienes tienen derecho al resguardo de su identidad; y continuó los días 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril; y el viernes 3 de mayo se hizo una inspección ocular en dos domicilios del imputado: el de calle Mitre 7 donde reside y la casona familiar de calle Urquiza.
En total fueron trece las audiencias donde las víctimas y testigos relataron al Tribunal el infierno que vivieron en su adolescencia, cuando apenas tenían entre 14-15 años y fueron sometidos a experiencias sexuales extremas, prematuras y exacerbadas para púberes que recién se estaban desarrollando.
Al inicio del juicio había 12 denunciantes y en la primera audiencia (la del 1° de abril) a dos de ellos se los encuadró -a pedido de la defensa- bajo el concepto de la prescripción; aunque pudieron narrar lo vivido porque declararon en calidad de testigos.
Así, quedaron diez denunciantes, quienes pudieron explicarles al Tribunal cómo los afectó esa traumática experiencia.
Ayer el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 25 años para Gustavo Rivas, por encontrarlo responsable -de acuerdo a su planteo- de los delitos de promoción de la corrupción y de la prostitución de menores de edad.
