Se trata de uno de los juicios más importantes en la historia de Entre Ríos vinculado con la corrupción y prostitución de menores de manera serial, contra el reconocido abogado, quien, según la acusación, "durante al menos 40 años se valió de una posición dominante y de poder frente a menores para saciar su apetito sexual", publica el diario El Argentino.
El Ministerio Público Fiscal inició de oficio la Investigación Penal Preparatoria (IPP), luego de que la Revista Análisis publicara el 27 de julio de 2017 una investigación periodística en la que se denunció este perverso accionar contra menores y derribó cuatro décadas de impunidad.
El Tribunal está integrado por Alicia Vivian, Arturo Exequiel Dumón y Mauricio Derudi; mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Lisandro Béhéran (en su carácter de coordinador general) y Martina Cedrés, quien llevó adelante la IPP; en tanto que la querella es ejercida por los abogados Alfredo Vitale y Estela Esnaola; a su vez la defensa de Rivas la lleva adelante el abogado Raúl Eduardo Jurado.
Hasta el momento se han realizado tres audiencias (el 1°, 3 y 4 de abril), y de acuerdo a las previsiones de la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA), se prevén jornadas para hoy, mañana y pasado; además de las agendadas para los días 15, 16, 17, y 22, 23 y 24 de este mes; aunque desde el área de Prensa y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se aclaró que "el cronograma dependerá de la dinámica del juicio y al final de cada audiencia se informará sobre lo ocurrido".
El juicio
A las 8:50 del 1° de abril se inició este juicio oral y en esa jornada declaró como testigo Daniel Enz, autor de la investigación periodística que permitió a las víctimas reclamar Justicia.
En esa jornada, el Tribunal hizo lugar a la solicitud de la defensa del imputado, de prescripción de dos hechos ocurridos en 1975 y 1977; y el Ministerio Público Fiscal hizo reserva para recurrir la medida ante una instancia superior.
La segunda audiencia se desarrolló el 3 de abril y tanto para el Ministerio Público Fiscal como para las querellas, fue altamente positiva porque se pudieron incorporar pruebas que son consideradas importantes como las más de 200 fotografías, diapositivas y filmaciones y otros soportes informáticos que le fueron secuestrados al imputado en el allanamiento y requisa domiciliaria del 27 de julio de 2017.
La primera testigo en declarar fue la oficial de Policía, Cinthia Susco, quien participó del allanamiento en la casa de Rivas, y dio cuenta de manera minuciosa de cómo se realizó dicho procedimiento, además de reconocer todos los elementos secuestrados, muchos de ellos luego peritados.
El segundo funcionario policial en declarar como testigo fue el comisario Gabriel Ferro, que es el jefe de la División Técnica Especial y Desarrollo Informático -dependiente de la Dirección de Inteligencia Criminal- quien realizó las pericias al material fílmico y otros soportes informáticos secuestrados en la causa.
Luego declararon dos testigos civiles, que por el carácter de juicio no público no trascendió su contenido.
En ese marco, los abogados Estela Esnaola y Alfredo Vitale, coincidieron en señalar que la jornada fue muy favorable para las víctimas, porque con la incorporación de las pruebas fotográficas y fílmicas no quedan dudas de la promoción a la corrupción y la promoción a la prostitución de menores se realizó de manera reiterada.
En la tercera audiencia -que se realizó el jueves 4 de abril- declararon testigos civiles. Se trató de siete personas que estuvieron y otros están relacionados con el Instituto Agrotécnico. En total declararon tres docentes, un ex alumno, un empleado de esa casa de estudios y dos autoridades de ese establecimiento.
Para la querella y la Fiscalía "fueron testimonios valientes e importantes" y reconocieron que todo se está desarrollando como "se esperaba, sin ninguna sorpresa".
Lo que viene
A este juicio fueron convocaron más de cien testigos, aproximadamente 80 ofrecidos por la Fiscalía y poco más de 20 convocados por la defensa, entre ellos dirigentes de instituciones de Gualeguaychú, responsables de tutelares de menores, autoridades educativas, religiosas, y de distintos clubes deportivos y sociales. También se expondrán en el juicio variados informes documentales de instituciones que señalan a Rivas como dirigente o participante de muchas entidades de bien público; más una veintena de informes periciales realizados por expertos en salud mental (esencialmente las pericias realizadas a los denunciantes y al propio Rivas).
En cuanto a pruebas materiales, se aportó una voluminosa carpeta conteniendo una gran cantidad de fotografías (más de 200) de menores de edad en situación acorde a lo que fuera denunciado por ellos mismos, además de videos en los que también se aprecian situaciones de clara índole sexual que comprueban los hechos denunciados.
