No quedan dudas de que el disparo mortal salió del arma de una agente policial, Lo que se intenta determinar si se está ante un caso de "legítima defensa", como sostienen de la Policía, o ante un suceso de supuesto "gatillo fácil", como sostienen familiares del fallecido.
Finalmente, los policías recuperaron anoche la libertad y salieron a la calle donde fueron recibidos con abrazos, aplausos y bocinazos por parte de colegas que fueron hasta Tribunales para apoyarlos.
Este jueves en El Ventilador ... analizan los violentos sucesos en el barrio, causas, consecuencias y responsabilidades.
El rol del Estado y la policía
¿Está sola la policía frente al delito en este sector de la ciudad? ¿Por qué ni bien se supo de lo sucedido se especuló con que estábamos frente a un caso de gatillo fácil? El accionar que se denuncia de las supuestas bandas allí asentadas, ¿está vinculado al narcomenudeo?Qué sabemos sobre la realidad del barrio: tiene infraestructura sanitaria? llegan allí los servicios? Además de la fuerza pública y la fiscalía, se hicieron presentes funcionarios de otros organismos para tomar contacto con los vecinos y escuchar cómo viven?
Mientras tanto, en otros puntos de la provincia, se han registrado hechos en los que la policía tuvo participación.
En Concordia, el sub oficial Sergio Acosta, fue condenado a 18 años de prisión por el crimen de Sebastián Briozzi, el joven de 20 años que fuera asesinado de un disparo en la nunca, en la madrugada del 25 de septiembre del 2016.
Anoche en Rosario del Tala, más de 1000 personas se manifestaron frente al edificio de Tribunales, para mostrar la disconformidad hacia un fallo de la Justicia que decidió mandar a prisión a los 6 policías acusados de haber torturado en 2012, a dos jóvenes.
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"La ministra de Gobierno aseguró que no hay nada para celebrar"
El conductor del programa Lalo Foncea puso relevancia en que este jueves, la ministra de Gobierno, Rosario Romero aseveró, tras los hechos lamentables ocurridos en barrio Capibá que "no hay nada para celebrar", en alusión al crimen de Gabriel Gusmán. Destacó que Romero dijo "Hay que preocuparse por la gente con marginalidad y la violencia barrial. Es un contexto que nos sigue preocupando y mucho".
"Si hubiese sido al revés la historia, mi hermano estaría en el penal"
Los hermanos del joven muerto, Gabriel Gusmán, de 20 años, dialogaron con Elonce TV y pidieron que los policías que quedaron involucrados en el trágico suceso ocurrido en barrio Capibá, "pierdan sus cargos".Gastón es hermano de Gabriel. Al recordar a su hermano dijo que "era changarín, andaba cirujeando en su carrito, a veces, y otras en su caballo. El día del hecho Gabriel estaba armado, y era porque tenía enfrentamientos con gente del barrio, que se quiere apoderar del Capibá, que da permiso a quién puede entrar; por eso mi hermano desobedecía esas cosas y por eso tenía enfrentamientos con esa gente".
Gabriel "no se dedicaba a traficar drogas, él era un joven normal, común y corriente; fumaba marihuana, pero no se dedicaba a vender drogas", indicó. "A mi hermano no lo manejaba nadie, no era soldado de nadie, él andaba siempre solo", acotó.
Gastón puntualizó respecto de los hechos graves que se registraron en esa zona de Paraná: "Cuando Gabriel se encuentra con los enemigos de él, les dispara; cuando él vuelve a su casa, de repente de la nada, sale una patrulla del 911, la 1021. A Gabriel cuando le dan la voz de alto, él se entrega, pone las manos en alto, tira el arma" que según reconoció su hermano "se trataba de un revolver calibre 38". Dijo no saber si el arma aparece o no en la escena del crimen, "porque no nos dejaron ver nada. A lo último me dejaron a mí, verlo a mi hermano, pero no sé si estaba el arma".
Opinó que los hecho que rodearon la muerte de su hermano fueron producto de "un fusilamiento, porque a sangre fría le quitaron la vida. Tengo entendido que cuando la policía da la voz de alto y si se entrega la persona, primero se lo palpa, no se lo mata como lo mataron a él. A él primero lo matan y después lo revisan".
Detalló que el joven muerto en barrio Capibá, portaba arma "para defenderse; nadie se deja pasar por encima, él no era un violento. Hablando en lenguaje de barrio, `él se hacía respetar`, se defendía nada más. Era atacado continuamente por una barrita que frecuenta Capibá, que son los quilomberos del barrio".
La familia de Gabriel Gusmán no vive en barrio Capibá. El joven vivía allí, "porque tenía su novia, se estaba haciendo su casita; andaba buscando laburo".
Gusmán puso relevancia en el programa, aseverando que "cuando lo matan a mi hermano, se llena de policías y ustedes, tiempo antes, veían y escuchaban y no hacían nada. Tuve que ir yo y apretarlo al fiscal, `estás escuchando, estas mirando y no haces nada`, le dije. Escuchaban los disparos y ellos estaban festejando la muerte de mi hermano".
"Mi mamá está muy dolida, es una pérdida que no vamos a poder superar nunca. Si hubiese sido al revés la historia, mi hermano estaría en el penal", conjeturó el hombre.
Y consideró que "lo que hizo la policía de provincia fue una falta de respeto, cuando le dieron la libertad a los policías, festejaron con aplausos, bocinazos, sirena. Fue una falta de respeto total".
"Hace dos semanas atrás intenté entrar a barrio Capibá en mi moto, la policía me dio la voz de alto, no paré porque no soy un delincuente. Me efectuaron disparos de municiones de goma. Hace lo que quieren. Con mi hermano, tuvieron las ganas de matar y mataron", resaltó.
"Están festejando la muerte de un villerito, de un croto del Capibá"
Alejandra es otra de las hermanas de Gabriel. Salió de trabajar y cuando llegó a su casa, se enteró que su hermano "estaba tirado en una placita, con una bala de la policía. Cuando llegué a Capibá, mi hermano estaba tirado en una chanchería, tapado con un toldo blanco, estaba tirado como un perro, no me dejaban pasar, nadie me contestaba nada hasta que se acercó el fiscal", rememoró la mujer.El fiscal me dijo enseguida que "ya estaban detenidos los dos policías que habían baleado a mi hermano. Le pregunté que donde fue el tiro y primero no me contestó, y al volverle a preguntar., me dijo que le ingresó por la cabeza y le salió por la frente".
"Le pregunté por qué lo mataron, y me dijo que él les venía tirando. Pero yo me pregunto dónde están las balas que el tiró en la patrulla 1021, si está impecable. La vi, todos los chicos del barrio me indicaron cuál era y no tiene nada", aseveró la mujer.
Al ser consultada respecto a la libertad de la que gozan los policías implicados en el hecho, la hermana de Gabriel aseveró: "Están festejando la muerte de un villerito, de un croto, porque usaba una gorra y una visera doblada, por usar un arito en la lengua, por vestirse con un buzo más grande, de zapatillas de colores, por tener un tatuaje, por llevar el nombre de una madre de un padre o un hermano. Eso es un villerito para un policía que quiere justicia, que tiene que defender a la sociedad. Mataron a un pibe que se fumaba un porro o dos, se reía un rato, comía y se acostaba".
"A mi hermano lo mataron por la espalda, hubiesen esperado a que se diera vuelta, le hubiesen podido tirar un tiro en la pierna, dejarlo rengo, torcido, invalido, ¿por qué le dieron en la cabeza? Si ellos le dieron el alto y él se rindió, ¿por qué lo mataron a sangre fría?".
Dijo además que el joven "no tenía antecedentes policiales, andaba tranquilo y limpio".
"Quiero que me escuchen los jefes de la policía: lo único que quiero es decirles que no son policías los que lo atacaron a Gabriel, son asesinos; le quitaron la vida a Gabriel Gusman, de 20 años. Lo único que quiero es que les quiten a esos policías, sus cargos. No puede ser que hoy, a dos días de que sepulte a mi hermano, ellos anden en la calle patrullando como si nada", destacó.
A su vez acotó: "Mis padres, mis hermanos, mis hijos, tienen dolor. Esas personas no son policías, son asesinos de Gabriel Gusman. Quiero que pierdan sus puestos de trabajo".
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"Muchas veces sacamos el estandarte de los Derechos Humanos para lo que conviene y no cuando tiene que estar, ni para todas las personas"
Marcos Antoniow, jefe de la Departamental Paraná, explicó que "es un barrio que está compuesto por familias que han llegado de otros barrios de la ciudad, muchos con conflictos. En ese lugar específicamente hay problemas entre dos bandas que sucumben el barrio. Hay muchos vecinos humildes que no se animan a hablar, no denuncian formalmente por miedo a las represalias. Hay dos partes, la parte baja y alta".Relató que "el domingo hubo incidentes entre dos personas de estas familias. Nosotros hicimos recorridas. Hubo una situación de sustracción de una bicicleta. Unos fueron a reclamarla y se generó el conflicto. Discutieron, prendieron fuego. Esta gente tiene este estilo de actuar, no denuncian sino que van y resuelven los problemas entre ellos mismos, por eso la falta de denuncia. Como siempre, hubo gente que aprovechó este problema y fue más allá".
Contó que "la Dirección de Asuntos Internos trabaja junto a la investigación judicial. Cuando se detecta alguna situación de un funcionario, más allá de que sea en servicio o en la faz privada, Fiscalía habilita a Asuntos Internos el oficio correspondiente para que inicie la investigación, ya sea a partir de una información sumaria y dependiendo de la gravedad del hecho".
"El trasfondo de esta cuestión es que estas mismas familias suelen receptar gente de otros barrios. Estuve el lunes en un caso puntual. Había gente de barrio 12 de Octubre, de El Morro, gente con antecedentes. Los invitamos a retirarse porque no tenían nada que ver con el barrio. No tengo la facultad de decirle a una persona que tal o cual no esté en su casa. Nos dicen ¿y quiénes son ustedes para decirme que no me visiten mis parientes?", dijo.
Consideró que "esto no es un festejo para nadie. Toda persona es consecuencia del ambiente social en el que crece. En estos casos todo el mundo sale a hablar, salen a opinar pero por qué no hablamos antes cuando ya sabemos que está el problema de fondo. No hay culpables en forma individual, todos somos responsables en algo por hacer o no hacer, por acción u omisión. Muchas veces la Policía termina haciendo cosas que no le corresponde porque la función esencial que tenemos es la prevención. Tienen que sentarse todas las partes y trabajar en la Ley Penal de menores acorde a los tiempos actuales. Hay que hablar de qué hacemos con esos jóvenes que están en situación de calle, de drogadicción".
"No sabemos qué hacer con los jóvenes. Tenemos una Ley Penal en donde por resguardo ya al menor no se lo puede llevar a la División Minoridad, salvo que cometa un delito. Nosotros lo dejamos ir. Al rato se pelea, lo matan pero la Policía estuvo. Hay que analizar el fondo de todo esto y asumir responsabilidades", agregó.
Indicó que "por una cuestión de objetividad y transparencia, de llevar más garantías a las partes, desde la Procuración se decidió que las pericias sean realizadas por Gendarmería para evitar cualquier situación".
"Eso no fue un festejo, el Policía más allá de la libertad que tiene como cualquier persona, es una cuestión de compañerismo, de sentimiento con la persona que uno tiene trabajando al lado las 24 horas. En mi caso particular no veo a mi familia desde el lunes. No es mi trabajo sino el de muchísimos Policías, algunos pasan más tiempo afuera de la casa y eso muchas veces no se ve", dijo.
"El lunes y martes estuve con los vecinos y teníamos alrededor de 30 denuncias para recibir de lo que decían. En términos formales, que es lo que sirve a los fines legales, solo tenemos cuatro. Todo queda grabado y es objeto de investigación. La ambulancia se pidió, si no llegó, fue o no fue será materia de investigación de la justicia. Más allá de la liberación de los policías, ellos están a disposición de la causa", resaltó.
Remarcó que "es un caso lamentable para cualquier tipo de persona y el derecho humano es para todas las personas, sean pobres o ricas. Hay casos de delitos contra la propiedad en donde esas personas no tienen derecho humano".
Sobre las funciones de la Policía, dijo: "estamos haciendo controles de tránsito de motos, una facultad que es netamente municipal, no es función nuestra. Si a eso lo haría quien lo tiene que hacer, la Policía se podría dedicar a la prevención".
"Muchas veces las personas son utilizadas por terceros, aprovechando esa vulnerabilidad social. Son víctimas del mismo sistema. En este caso hubo llamados previos, testimonios de los disparos que también podrían haber provocado la muerte de un civil que nada tenía que ver con este hecho puntual. En pleno procedimiento, estando los fiscales en el lugar, a 60 metros, cuatro personas de una de las partes efectuaron no menos de 20 o 25 disparos. De eso surgió un procedimiento en el que se detuvo a esos sujetos, se secuestraron tres armas: una pistola 9mm robada en 2013, dos pistolas calibre 22, municiones 9 mm, vainas servidas. Los mismos vecinos denunciaban que no teníamos orden de allanamiento, cuando ya la había dado el fiscal", relató.
Y agregó: "hay una ley vigente que nadie la toca ni la cambia, la ley Nº 3815, artículo 41, 43 y 45. Hay una necesidad de que sigan en vigencia esos artículos porque no han sido derogados. Establece la facultad en el jefe de policía de arresto, multa o severa amonestación, pero hoy en día no se cumple nada. No hay arresto, se traslada el sujeto e inmediatamente sale. Es más lo que se gasta en papeles, en tiempo y horas hombre que tranquilamente podría estar abocado a la prevención. En cuanto a los abogados defensores, deberían tener un compromiso más que un marco teórico. No conocen al interventor, se manejan muy por correo y prácticamente es un expediente que pierde tiempo. Muchas veces sacamos el estandarte de los Derechos Humanos para lo que conviene y no cuando tiene que estar ni para todas las personas. Esa es la confusión que se da, cuando conviene la Policía tiene que estar y cuando no, no".
"Hay una ausencia absoluta del Estado"
José Amado, periodista, dijo que "tenemos fuerte impulso a tomar posición, es una causa muy compleja, son hechos muy complicados para dilucidar. A la discusión hay que darle urgente un marco institucional para decir qué política de seguridad nos tenemos que dar todos como sociedad, qué política tiene que tener el Estado y alrededor de eso poder discutir sin caer en absoluciones o condenas apresuradas ni señalamientos estigmatizantes sobre la víctima. Se ha podido observar una falta total de respeto por la vida. Hay periodistas que hablan de crimen ecológico, gente que dice ´uno menos´".Consideró que "hubo dos episodios. Por un lado estuvo el recibimiento de los Policías detenidos, donde hubo aplausos, acompañamiento con sirenas. Lo puedo entender como que son los compañeros de esos policías y que consideran que hicieron lo correcto. El sirenazo hasta el 911 es algo que me pareció fuera de lugar".
"Lo que pasa es que hay una ausencia absoluta del Estado. A una de las familias la sacaron en 2011 de Gaucho Rivero, de ahí se fueron a la Villa 351 y de ahí a Capibá. Lo que se ve en ese barrio ya lo hemos vivido en otros barrios y hace mucho. En una parte muertos y la otra presos, y parece que ahí se termina el problema", manifestó.
Y agregó: "falta un protocolo para todos estos procedimientos. Hay policías que no están todo el día en la casa, están mal pagos porque tienen salarios bajísimos, no tienen psicólogos ni asistencia de ningún tipo. Encima tienen que afrontar situaciones complicadas y meterse en lugares donde ningún otro organismo del estado entra".
"Mientras sigamos soslayando el tema de la droga, vamos a seguir juntando muertes"
Unas 1800 personas se manifestaron en la noche de este miércoles frente al edificio de Tribunales de la localidad de Rosario del Tala, para mostrar la disconformidad hacia un fallo de la Justicia que decidió hacer efectiva una condena dictada en 2015 y mandar a prisión a seis policías acusados de haber "torturado", en el año 2012, a dos jóvenes.Marcelo José Milezzi, Ludmila Natalí Soto, Héctor Leopoldo Mori, Claudio Marcelo Monroy, Gustavo Daniel Forneron y Neri Andrés Magallán, los declararon autores materiales penalmente responsables de los delitos de torturas en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y vejámenes. Y los condenaron a la pena de ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales, manteniendo su libertad hasta que la presente sentencia se torne ejecutable.
Federico Baridón, abogado defensor, señaló que "asumí la defensa cuando ya estaban condenados en todas las instancias. En el recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia los abogados defensores no se presentaron. Hubo grandes problemas en casación, que no revisó. Nosotros en 40 páginas de 26 renglones pudimos conseguir 20 puntos de nulidad en el juicio. Debimos sintetizarlo en 14".
Dijo que "no está firme la sentencia. Cuando asumimos en la instancia nacional fue denegado el recurso de queja porque la Justicia de Entre Ríos no quiere que se analice qué es lo que pasó en Tala. El caso inició como vejación y terminó con el cambio de carátula a tortura. Así sorpresivamente terminó el caso con una condena de ocho años, sin haber tenido una defensa efectiva, fue deplorable".
Comentó que "en esta causa, los testigos en los careos hablaron de drogar y violar a cuatro menores, con nombre y apellido, y los tres jueces de Concepción del Uruguay y los dos fiscales no dijeron nada. Se habló de 16 panes de marihuana, tres kilos de cocaína y un revólver que presuntamente fue usado por una de las víctimas. No hubo tortura por parte de la Policía, nosotros denunciamos que falsificaron pruebas. En el juicio la madre de una de las presuntas víctimas negó que una de las firmas fuera suya".
"Tala es un lugar chico, nos conocemos todos. A mi defendido lo conozco. Sabemos cuál es el verdadero problema que hay: la droga. Mientras sigamos soslayando este tema y no recuperando a esos chicos o no mantenerlos encausados, vamos a seguir juntando muertes. Es un problema que no solo ocurre en Entre Ríos", remarcó.
"Vemos con muchísima preocupación que hay un incremento de la política de gatillos fácil"
El abogado José Iparraguirre aseveró: "Desde los organismos de derechos humanos vemos con muchísima preocupación que hay un incremento notable de la política de vejámenes, torturas, apremios ilegales, lo que en algún momento los movimientos de derechos humanos dimos en llamar "la política del gatillo fácil"."Lo sucedido en barrio Capibá es la conclusión de una situación de enorme incremento. El sábado estuve en el hospital San Martín, había un muchacho que había sido detenido por una tentativa de robo, totalmente golpeado, con fisura de costilla. Por este tipo de situaciones, las denuncias que recibimos los organismos, en estos últimos tiempos, se han incrementado y mucho", aseveró.
Asimismo puntualizó que este viernes "los organismos que conformamos el movimiento de derechos humanos en la provincia, nos convocaremos para hacer una declaración pública al respecto".
"Ya nos pasó en los `90, por eso llamo la atención y decimos que la represión política que hubo durante los años de la dictadura militar se trasvasó en los períodos constitucionales, a una profunda represión social. En los momentos de planes de ajuste, donde se incrementa la pobreza, la marginación, los niveles de violencia, es donde surge este tipo de metodología. La ciudadanía de Paraná sabe que yo fui abogado en la desaparición forzada de Héctor Gómez y Martín Basualdo, de Marcelo `Totín` Pérez, desaparecidos en democracia".
A su vez expresó "Me parece que estuvo bien la ministra de Gobierno, Rosario Romero, estuvo bien con sus declaraciones, pero no alcanza, no es suficiente. Le exigimos a la ministra de Gobierno que tomen cartas en el asunto, que haya un sumario administrativo y que se llegue a una situación de sanción. Además entendemos que los fiscales tienen que entender en esto".
"Es llamativo que a pocas horas de estar detenidos los funcionarios policiales que estaban sospechados de cometer el homicidio, sean liberados. Porque cuando uno analiza la posibilidad de la excarcelación o de la prisión preventiva, sea bajo la figura de arresto en el penal o prisión domiciliaria, que es lo que permite el Código Procesal Penal de Entre Ríos que hay que contemplar los llamados peligros procesales, que son dos, o la posibilidad de fugarse, o de entorpecer la investigación judicial", dejó en claro el letrado.
Al ver "caravanas de funcionarios policiales, tras la liberación de los policías involucrados en el hecho de Capibá, entiendo que es sumamente preocupante, y eso sí debe llamar la atención a la ministra de Gobierno. Si bien con la reforma del CPP de Entre Ríos, se avanzó a la idea de que haya, como se denominó en el viejo Código, una policía judicial a cargo de la fiscalía, la verdad que los funcionarios policiales de la policía administrativa, son los que siguen investigando los hechos delictivos. Ahí tenemos el primer gran problema que es la corporación policial, que difícilmente se investigue a sí misma, cuando comete este tipo de hechos. Hay un problema institucional que debemos resolver. En algún momento hay que avanzar en una reforma del CPP, donde efectivamente, la investigación de los hechos delictivos, queden a cargo de miembros del poder judicial y no de la policía administrativa".
"A la policía la estamos necesitando para que nos protejan de hechos delictivos; no están para hacer manifestaciones", indicó.
A su vez, Iparraguirre indicó, parafraseando la teoría de Luigi Ferrajoli: "Hay una única función que debe tener la policía en un estado democrático, que es la de prevención. En base a este criterio que es absolutamente exacto, que la policía está solo para prevenir delitos, se trata de darle todas las facultades que se le otorga a la policía y que no le permiten la prevención del delito. Hace 25 años que venimos planteando lo mismo desde los movimientos de derechos humanos. Hay que separar a la policía administrativa de la policía de investigaciones y volcar todos esos esfuerzos a favor de la prevención de delito. Hay que derogar el régimen de contravenciones de la provincia, la Ley 3815, que le otorga facultades de detener y arrestar a personas por hechos menores, lo que lleva a enormes abusos policiales y a situaciones de arbitrariedad. Además hay que generar una justicia de Faltas. Hoy quien juzga y condena es el Jefe de Policía, y puede establecer penas de arresto de por ejemplo, diez días".
"Hay que eliminar todas estas situaciones como la de estar en controles vehicular para secuestro de motos. Esto no puede ser, tiene que estar para prevenir delitos", expresó.
La opinión de los panelistas
La periodista Claudia Yauck, opinó que "aumentó la conflictividad social, de que Paraná en los barrios atraviesa una situación cada vez más difícil. Esto ocurre por múltiples factores: crisis, falta de recursos, droga. Tenemos que preguntarnos qué tipo de policía tenemos: la que controla a las motos, la que está preparada para combatir este tipo de conflictividad social o cuál es el modelo de seguridad que tenemos. Quizás no alcanza solo con los Policías".El periodista Sebastián Martínez, dijo que "fue algo que pareció evitable. Pasaron dos o tres días que veníamos viendo que había conflictos en el barrio Capibá, que los vecinos estaban enojados, que se retiraba la Policía, pasaban cosas y parece que nadie tomó nota y el desenlace fue fatal. A veces las leyes llegan después de que pasan los hechos".
El panelista Mariano Kohan, señaló que "ha habido durante largo tiempo denuncias reiteradas por parte de vecinos acerca de conflictos permanentes. Tres o cuatro años atrás Capibá no era un barrio conflictivo. Tenía muchas diferencias y desigualdades, gente que vivía con lo puesto, que hacía changas, que cartoneaba, reciclaba, y otros tenían trabajo estable, registrado. Había un estado presente, copa de leche, escuelitas de fútbol y hockey, talleres barriales, una comisión vecinal".
El locutor Alejandro Abero, manifestó que "se tomó como un festejo, como una gran gestión. Días tras hubo conflictos en el barrio, la Policía estaba al tanto pero evidente no tanto. No puede haber una caravana de disfrute porque es algo que salió mal, se murió un tipo".
La periodista Luz Alcain opinó que "la postura oficial de la ministra Rosario Romero es muy saludable, porque hasta acá la palabra oficial había sido la del jefe de la policía, que de alguna manera celebró el fin del arresto que se había dispuesto para los imputados. Políticamente, creo que es muy importante que el gobierno de la provincia, en la palabra de la ministra de la provincia, pida respeto, equilibrio, cautela, ante la pérdida de una vida. Estamos hablando de un barrio que tenía una situación de conflicto, pero la muerte se produce a raíz de la intervención policial. En este marco, me parece que es muy importante porque marca una diferencia con la gestión a nivel nacional que, por ejemplo, ante la situación planteada ante el caso de Luis Chocobar (un oficial de la Policía de la ciudad de Buenos Aires que mató a tiros a Juan Pablo Kukoc, de 18 años, luego de que el joven apuñalara a un turista en La Boca para robarle). En ese momento, el Presidente y la Ministra de Seguridad, que `saludó` la actitud policial".
La periodista Ana Tepsich acotó en el debate que "a la mujer de uno de los policías involucrados, la amenazaron por redes sociales".
