En primer lugar, reflejó la difícil situación que atraviesa el sector actualmente: “Nuestra gente se ha quedado sin trabajo. Ya tuvimos en el tema estadístico de junio a diciembre una caída de dos mil puestos de trabajo en la provincia. De diciembre a esta parte estimamos unos dos mil puestos de trabajo más. Esta no es una estadística que esté medida porque los últimos datos son de diciembre”.
En relación a los factores que generaron esa pérdida de mano de obra, señaló: “Con el parate que ha habido en la obra pública y la merma que ha habido en las inversiones privadas en el último tiempo dado las condiciones macroeconómicas que hay”. Esto generó “impacto en el comercio relacionado a la industria de la construcción, donde también ha habido despidos y un montón de cuestiones que han hecho que el empleo vaya cayendo más. Los merenderos y los comedores comunitarios están de alguna manera acompañando a nuestra gente. En otras instancias, la gente tenía la posibilidad de salir a trabajar o encontrarse con un trabajo informal que los acogiera, pero el parate es tan grande que el obrero de la construcción no ha podido encontrar ese espacio”.
Por otro lado, opinó cómo espera el futuro de la actividad económica: “Con el gobierno provincial hemos tejido una estrategia en la cual sabemos que, dada la situación económica y financiera de la misma, las pocas obras públicas que se puedan llegar a empezar van a tener un ritmo más lento y que después de mediado de año si la situación se pudiese acompañar esto podría activarse un poco más”.
“Entendemos la situación provincial en el cual el gobierno nacional ha cortado el financiamiento de la obra pública y esto está dirigido a obras de gran envergadura que la provincia no podría hacerle frente con fondos propios, y de viviendas que tanto la gente está esperando”, analizó la presidenta.
Asimismo, Hereñú explicó: “Como constructores de obras públicas hemos propuesto y hablado mucho con respecto de esta ley. No por estar en contra de la ley, sino que hemos propuesto la manera de desjudicializar los procesos administrativos de la obra pública tienen que ver con crear procesos ágiles y el pago en término de la obra”.
Por otro lado, los pagos de las obras ejecutadas en diciembre son en base a trabajos realizados durante el mes de septiembre, sostuvieron desde Camarco. “Entendemos que si se cumplen los contratos no hay judicializaciones posibles. Ha sido el punto de conflicto y donde la Cámara tratamos de poner un punto medio y pedir que estos procesos de pagos se transparenten y agilicen dentro de los tiempos que necesitamos cobrar para sostener el empleo, pagarles a nuestros proveedores, a los empleados, las cargas sociales y los impuestos para seguir generando más trabajo”, especificó.
Por el freno de la obra pública, Hereñú profundizó la crisis del sector de la construcción: “Hay muchas empresas que están en una situación delicada, con compromiso de endeudamiento, no solamente con los proveedores sino con los bancos”.
“Uno habla con las personas que están relacionadas al sector y en enero tampoco están vendiendo nada. Los corralones también están teniendo un parate. No solo el minorista, sino el mayorista que dependía de la obra pública”, explicó. (Elonce)
