Viagra para presos. El vocal del Tribunal de Cuentas de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció al Gobierno provincial tras detectar una presunta irregularidad en la utilización de fondos públicos. Según el funcionario, en abril de 2024 se habrían destinado recursos del Estado para la compra de Sildenafil (Viagra), que habría sido entregado al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). El hecho generó una fuerte controversia en la provincia y una inmediata respuesta de las autoridades penitenciarias.
Corvalán reveló el hallazgo luego de revisar los gastos del SPC correspondientes al mes mencionado. “Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, ha comprado Viagra para los reclusos”, expresó el funcionario en declaraciones públicas, y publicó la factura del gasto en su cuenta oficial de la red social X.
La documentación oficial también daba cuenta de otras compras realizadas por el organismo penitenciario. “Lo vemos con estupor, con asombro porque a esto se suman otras compras, en la misma factura figuran cremas humectante, shampoo anticaspa, anticonceptivos, factor AG”, declaró Corvalán durante una entrevista para Canal 10 de Córdoba.
Críticas por el gasto y falta de controles médicos
Corvalán aprovechó la exposición del caso para señalar que, mientras los hospitales públicos enfrentan faltantes de medicamentos e insumos, el Gobierno gasta recursos en productos que considera innecesarios para los reclusos. “Nos tienen acostumbrados muchas veces a todos estos gastos”, apuntó el vocal.
Además, cuestionó la falta de documentación clínica que respalde la compra de estos medicamentos. “Nosotros nos basamos en los expedientes, no figura la factura, ningún tipo de historia clínica, no figura absolutamente nada”, afirmó. El funcionario estimó que el gasto total realizado en abril de 2024 por el SPC en este tipo de productos superaría el millón de pesos.
Visiblemente indignado, Corvalán remarcó que el uso de fondos públicos sin una justificación médica clara constituye un abuso. “Nos suben los impuestos constantemente y están gastando la plata de nuestros impuestos en esto. No lo vamos a permitir”, concluyó.
Respuesta oficial: "Tratamientos médicos crónicos"
Frente al escándalo, el jefe del departamento de sanidad del Servicio Penitenciario de Córdoba, Ariel Salari, defendió las compras. “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil. Nosotros compramos esta droga para estos tratamientos crónicos”, explicó.
Salari también justificó el resto de los insumos adquiridos. Según detalló al medio CBA24, las cremas humectantes son para internos que padecen soriasis, mientras que los preservativos se entregan en el marco de las políticas de salud sexual en contextos de encierro. “Nos vemos en el deber de comprar preservativos para evitar enfermedades de transmisión sexual y porque tenemos requerimientos judiciales para que se cumpla y garantizar la salud de los internos”, sostuvo.
Por su parte, desde el Gobierno de Córdoba se difundió un informe oficial de 2024, donde se precisa que solo cuatro reclusos estaban inscriptos en el régimen de tratamientos crónicos: dos con hipertensión pulmonar y dos con hiperplasia prostática benigna. En 2025, la cifra habría disminuido a tres.
Una compra polémica bajo lupa
Salari aclaró que el Sildenafil no solo tiene efectos vasodilatadores vinculados a la función sexual masculina, sino que su uso está médicamente aprobado para el tratamiento de patologías crónicas. “La droga, cuyo principio activo es el sildenafil, se indica en casos de hipertensión pulmonar, amén de sus efectos en la sexualidad masculina. Y existe una droga más benigna, el tadalafilo, que también tiene efecto en la sexualidad pero se indica para la hiperplasia prostática benigna”, señaló.
La denuncia de Corvalán ha abierto un fuerte debate público y político en la provincia sobre los límites del gasto estatal, el control en la administración pública y la transparencia en el manejo de recursos. La oposición exige explicaciones detalladas y auditorías sobre las compras realizadas por el SPC.
Mientras tanto, desde distintos sectores se pide esclarecer si el gasto fue legítimo desde el punto de vista sanitario o si se trató de una compra injustificada que compromete la ética del uso de fondos públicos. La investigación continúa. (Con información de Infobae)