La Ley de Transparencia y Ética Pública de Entre Ríos continuará en análisis en el Senado provincial, luego de que el bloque Más para Entre Ríos solicitara una semana adicional para estudiar las modificaciones incorporadas al proyecto. La decisión se tomó este miércoles, durante una jornada de reuniones de comisión en la que también avanzaron iniciativas vinculadas con la deuda pública, la salud mental y la regulación de actividades profesionales.
La propuesta de ética pública, impulsada por el Poder Ejecutivo y con media sanción de la Cámara de Diputados, busca reglamentar los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial. Su objetivo es establecer las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública.
Durante el encuentro se presentó una redacción que incorporó modificaciones previamente consensuadas y aportes realizados por la senadora Patricia Díaz. Sin embargo, legisladores de Más para Entre Ríos cuestionaron el escaso tiempo disponible para estudiar el documento y solicitaron un cuarto intermedio. "Todos queremos una ley de ética pública", remarcaron desde ese espacio.
La Ley de Ética Pública volverá a debatirse la próxima semana
La reunión conjunta estuvo encabezada por Nancy Miranda, presidenta de la Comisión de Legislación General, y Juan Pablo Cosso, titular de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Tras escuchar las posiciones de los distintos bloques, ambos acordaron convocar a un nuevo encuentro para el miércoles siguiente.
El objetivo será retomar el análisis de la redacción propuesta y avanzar hacia la firma del dictamen. Por el momento, la iniciativa permanece en comisión y todavía no está en condiciones de ser tratada en el recinto del Senado.
El debate se desarrolló en el marco de una jornada legislativa que incluyó cinco reuniones de comisión en la Casa de Gobierno, donde también se abordaron proyectos relacionados con el control del endeudamiento provincial y distintas políticas públicas.
Dictamen favorable para controlar la deuda pública
Uno de los avances de la jornada fue el dictamen favorable al proyecto que propone crear la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública, una iniciativa del Poder Ejecutivo que ya cuenta con media sanción de Diputados.
El organismo tendría como función estudiar y analizar el desenvolvimiento de la deuda pública de Entre Ríos desde el 10 de diciembre de 1991. El seguimiento comprendería tanto los compromisos internos como externos, directos e indirectos, asumidos por el Estado provincial.
También incluiría las renegociaciones, refinanciaciones, canjes, pagos de comisiones, situaciones de incumplimiento y reestructuraciones registradas durante ese período.
La propuesta obtuvo dictamen favorable en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, presididas por Nancy Miranda y Gustavo Vergara, respectivamente.
Sin embargo, el bloque Más para Entre Ríos no acompañó el dictamen, debido a que había presentado modificaciones al texto original que no fueron incorporadas.
Avanzaron proyectos sobre donaciones de inmuebles y bienes
La Comisión de Legislación General también otorgó dictamen favorable a dos iniciativas que cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y están relacionadas con la transferencia de bienes entre municipios y el Gobierno provincial.
La primera autoriza a Entre Ríos a aceptar la donación de un inmueble perteneciente a la Municipalidad de Villa Elisa. El terreno estará destinado exclusivamente al Superior Tribunal de Justicia para construir la sede del Juzgado de Paz.
La segunda propuesta contempla la donación de maquinarias y otros bienes provinciales a la Municipalidad de Aranguren. Se trata de elementos que formaban parte de la unidad productiva del ex Frigorífico Aranguren. Ambos proyectos quedaron en condiciones de avanzar en su tratamiento legislativo, luego de obtener el respaldo de los integrantes de la comisión.
Emergencia en salud mental: advirtieron sobre dificultades de atención
Otro de los temas abordados fue el proyecto que propone declarar la Emergencia en Salud Mental en Entre Ríos por dos años, con posibilidad de una única prórroga, y crear una Red Integral de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial.
La iniciativa fue presentada por el senador Martín Oliva y contempla herramientas extraordinarias para que el Poder Ejecutivo pueda reasignar partidas presupuestarias, contratar personal, establecer convenios urgentes y desarrollar dispositivos comunitarios en zonas consideradas críticas.
Durante la reunión participó de manera remota Alicia Ferrer, representante de la Mesa de Salud Mental de Entre Ríos, del Centro de Día Casa Club y de la Asamblea por la Salud Mental de Gualeguaychú.
La referente explicó que desde hace 14 años trabajan con personas que presentan padecimientos psicosociales severos y advirtió sobre las dificultades económicas que enfrentan las organizaciones dedicadas a brindar acompañamiento.
"Hay una falta de escucha sobre esta problemática, hay un peregrinar de las personas con problemas psicosociales, no hay turnos, no hay lugares, hay cierres de los pocos espacios que contienen, hay una burocratización del sistema de salud mental, no hay trabajo en red", manifestó.
Qué propone la declaración de emergencia
Ferrer sostuvo que la situación provincial requiere medidas urgentes y reclamó un abordaje integral de la problemática. También expresó su preocupación por los suicidios en Entre Ríos, aunque durante la reunión no se presentaron estadísticas para verificar la comparación nacional mencionada en su intervención.
El proyecto propone reemplazar la actual Comisión Interministerial Provincial de Salud Mental por una Red Integral de Cuidados, destinada a fortalecer la prevención, asistencia y recuperación desde una perspectiva interdisciplinaria.
Además, contempla la creación de un Consejo Consultivo Honorario y un Observatorio Provincial de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud, junto con programas de capacitación y prevención en establecimientos educativos.
Entre sus disposiciones, establece un programa permanente de atención integral para la primera infancia, adolescencia, familias y cuidadores en centros de atención primaria, así como protocolos de intervención ante crisis.
En materia presupuestaria, la iniciativa plantea destinar recursos equivalentes al 10% del presupuesto del Ministerio de Salud, además de los fondos educativos necesarios para implementar las medidas previstas.
El senador Hernán Méndez confirmó que el proyecto continuará en estudio dentro de la comisión.
Psicólogos reclamaron inversión y más profesionales
También se analizó otra iniciativa presentada por el senador Juan Pablo Cosso, orientada a establecer políticas públicas de apoyo y contención de la salud psicosocial en municipios y comunas entrerrianas.
El proyecto contempla equipos interdisciplinarios, actividades de sensibilización en escuelas, capacitaciones para trabajadores de salud, educación y seguridad, y articulación con universidades y organizaciones sociales.
Durante el encuentro participaron el presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi, y Fernando Tomás, integrante de la entidad.
Filipuzzi consideró interesante la propuesta, aunque planteó la necesidad de incorporar modificaciones y establecer al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. "Para que haya una verdadera política de salud mental tiene que haber inversión, presupuesto, como también cuidar la salud mental de los trabajadores de salud", sostuvo.
Además, advirtió que "hoy el sistema está sobrecargado, y necesitamos más gente en los territorios". Según informó, en Entre Ríos hay aproximadamente 2.600 psicólogos y existen dificultades vinculadas con la disponibilidad de psiquiatras.
Tras escuchar los aportes de los profesionales, los senadores resolvieron continuar analizando la iniciativa en próximas reuniones.
Creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica
Finalmente, la Comisión de Salud otorgó dictamen favorable al proyecto que propone crear el Colegio de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (CAPMER).
La iniciativa, que cuenta con media sanción de Diputados, establece que la entidad tendrá sede en Paraná y podrá crear delegaciones en otras localidades. También contempla la matriculación obligatoria de quienes pretendan ejercer la actividad profesional en territorio provincial.
Durante el tratamiento participó Javier Enrique Rodríguez Dave, secretario general de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos, quien señaló que actualmente existen alrededor de 120 profesionales en la provincia.
El representante explicó que el objetivo es regular el ejercicio de la actividad y garantizar el cumplimiento de los requisitos de matriculación.
Por otra parte, la comisión también firmó dictamen favorable al proyecto que establece el 11 de abril como Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson.
Con estos avances, varias iniciativas quedaron habilitadas para continuar su recorrido legislativo, mientras que la Ley de Transparencia y Ética Pública y los proyectos de salud mental seguirán en discusión durante las próximas reuniones del Senado.