Amarú Méndez, presidenta de Neurocea, habló con Elonce sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, luego de que este martes la Justicia exigiera al Gobierno Nacional la ejecución de la normativa a partir del 4 de febrero.

“Después de tantos meses de lucha, encontrar que la justicia toma una decisión con esta nueva propuesta de que el Gobierno tiene cinco días hábiles para determinar que el Estado deje de meter más excusas y que tiene que rever de una vez por todas”.

La situación, señaló Méndez, “nos ha desgastado y ató a las familias a una situación muy estresante, también a los prestadores y a los centros de día que están en una situación complicada”.

En este marco, señaló que muchos profesionales “dejaron de trabajar y buscaron otras alternativas”.

De esta forma, señaló: “Esperamos que la ley se ponga en ejecución. Uno de los puntos de la resolución de la Justicia marca que se dé una prioridad para pagar

las deudas del 2025 y que los prestadores de salud se pongan al día con el nomenclador, que lo determina la Superintendencia de Salud, además de que las obras sociales paguen en tiempo y forma”.

Sobre la exigencia de la Justicia, comunicada este martes, la presidenta de Neurocea sostuvo: “Es una muy buena noticia, a pesar de todo lo que venimos atravesando las familias. Esperamos que de una vez por todas se entienda que la emergencia en discapacidad es real, existe, que muchas familias atraviesan situaciones complicadas”.

Asimismo, auguró que "no haya más palos en la rueda y que se entienda que los hijos no son ningún número, sino sujetos de derecho y merecen tener una vida completamente digna”.

Familias y prestadores

Méndez reconoció que la situación “no deja de ser angustiante” y recordó que desde octubre a diciembre “fue la etapa más crítica”. “Ahora muchos de los profesionales y de los prestadores están de vacaciones y no prestan servicio. Las familias han estado muy tristes con las terapias, medicaciones y autorizaciones”, sentenció.

Y agregó: “Estamos en enero y todavía no hay noticias sobre las autorizaciones de este año. Se acerca febrero donde ya comenzamos con la rutina y las autorizaciones no llegan, empieza la incertidumbre, no saber si les van a sacar horas y cubrir las terapias. Eso ya pasaba el año anterior y esperamos que se regularice”.

Acerca de la red de comunicación entre las familias perjudicadas, indicó: “No dejamos de hablar entre familias, no solo de Paraná y de Entre Ríos sino del país.

Estamos todas pasando la situación de preocupación porque no sabemos qué va a suceder. También con lo que pasó con la Agencia Nacional de Discapacidad”.

De este modo, reiteró: “Hoy tuvimos una esperanza, nos aferramos a eso porque creemos y sostenemos que no es un capricho de las familias y de centros de terapeutas, sino que esta ley existe, es real y que la emergencia está”.

Asimismo, la mujer sinceró: “Todo esto es por amor a nuestros hijos, nietos y tíos que trabajamos dentro de la discapacidad. Esta lucha es real y nos ha atravesado a todos muy tristemente porque vimos cómo personas se quedaron sin terapia y medicaciones, cómo atrasa todo esto para que nuestros hijos avancen”.

“No bajamos los brazos porque nuestros hijos son lo más hermoso que tenemos y luchamos con amor y responsabilidad principalmente”, cerró.

Sobre la resolución de la Justicia

El juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay le recordó al Gobierno que la ley de emergencia en discapacidad debe estar en “plena ejecución” el 4 de febrero próximo, cuando se cumpla el plazo que se estableció en la resolución del 18 de diciembre.

En la resolución, González Charvay además intimó al Gobierno a acreditar el avance en la implementación de la norma en un plazo de cinco días bajo “apercibimiento” y recordó que la fecha establecida se debe cumplir hasta que llegue la sentencia de la Cámara Federal de San Martín, que debe resolver la apelación del Ejecutivo.

En una sentencia anterior, el magistrado dispuso la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, con el que el gobierno había suspendido la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, votada por amplias mayorías en el Congreso.

En septiembre, el Gobierno publicó el decreto 681/2025 para frenar la ejecución de la Ley 27.793 con el argumento de que el Congreso no había especificado de dónde saldría el presupuesto para su aplicación.