Entidades empresarias de Entre Ríos respaldaron la reforma del Código Procesal Laboral presentada por el Poder Ejecutivo provincial y solicitaron a la Legislatura que otorgara prioridad a su tratamiento. A través de un comunicado conjunto, consideraron que la iniciativa permitiría avanzar hacia procedimientos judiciales más previsibles y con mayores garantías para las partes.

El pronunciamiento fue firmado por la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio, el Consejo Empresario y la Unión Industrial de Entre Ríos. Las organizaciones sostuvieron que la provincia necesitaba condiciones que favorecieran la producción, la inversión y la generación de empleo.

En ese sentido, señalaron que contar con procedimientos judiciales ágiles, criterios claros y seguridad jurídica resultaba fundamental para el desarrollo de las actividades económicas.

Los cambios que destacaron las entidades

Uno de los puntos valorados fue la propuesta de crear un cuerpo de médicos especializados dentro del Poder Judicial, cuyos integrantes serían seleccionados mediante concursos y recibirían una remuneración fija.

También respaldaron la desvinculación de los honorarios periciales respecto del monto del litigio y del porcentaje de incapacidad determinado. Según expresaron, estas modificaciones contribuirían a fortalecer la independencia de las evaluaciones médicas.

Otro aspecto destacado fue la eliminación de la obligación de garantizar previamente la totalidad de una condena para solicitar su revisión. Las entidades consideraron que esa exigencia podía comprometer la situación financiera de pequeñas y medianas empresas.

Pidieron garantizar los derechos laborales

No obstante, las organizaciones advirtieron que la modificación debía acompañarse de mecanismos que aseguraran el cobro de los créditos laborales y evitaran posibles maniobras de insolvencia.

“Nuestro apoyo se funda en la convicción de que la protección de los derechos laborales y la sostenibilidad de las empresas son objetivos que deben avanzar juntos”, expresaron en el comunicado.

Finalmente, solicitaron un debate legislativo con participación de los sectores involucrados y recursos suficientes para implementar los cambios. También reclamaron cobertura territorial y plazos razonables, y ofrecieron su experiencia para contribuir al seguimiento de la reforma.