La reglamentación del artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos quedó convertida en ley este martes luego de que el Senado provincial aprobara por mayoría el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa regula el efecto derogatorio de las normas declaradas inconstitucionales y ahora será remitida al Ejecutivo para su promulgación.

La votación se realizó durante la tercera sesión especial del 147º Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani. Con 14 senadores presentes, el proyecto recibió nueve votos afirmativos de Juntos por Entre Ríos, Peronismo Federal y Frente Cimarrón, mientras que los cinco representantes de Más para Entre Ríos votaron en contra.

La iniciativa, identificada como Expediente Nº29.311, ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El debate expuso diferencias respecto del alcance de la reglamentación: desde el oficialismo afirmaron que aporta seguridad jurídica y establece procedimientos claros, mientras que la oposición sostuvo que restringe las acciones de inconstitucionalidad.

La oposición cuestionó el alcance de la ley

El senador Juan Pablo Cosso, de Más para Entre Ríos, adelantó el rechazo de su bloque y cuestionó, además, el procedimiento seguido para llegar a la votación. Según señaló, el proyecto arribó al recinto sin dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y el tratamiento acelerado impidió realizar otras consultas.

Cosso sostuvo que no fue posible conocer la posición de la Asociación de la Magistratura y planteó reparos respecto de los efectos jurídicos de la nueva norma. A su entender, la reglamentación restringe el alcance de las acciones de inconstitucionalidad, especialmente mediante la vía del amparo, y condiciona el accionar del Superior Tribunal de Justicia.

En ese marco, calificó al proyecto como una “gran contradicción” y lo vinculó directamente con la reforma del sistema previsional aprobada recientemente. “Se trata del resguardo de normas que van a afectar a una gran cantidad de personas en el territorio. Entendemos que es una manera sutil de blindar la ley de reforma previsional”, afirmó Cosso.

El oficialismo defendió la seguridad jurídica

El senador Jaime Benedetti, de Juntos por Entre Ríos, defendió la iniciativa y rechazó los cuestionamientos opositores. Argumentó que el objetivo de la reglamentación es brindar “seguridad, certeza jurídica y razonabilidad” al procedimiento establecido por la Constitución provincial.

El legislador explicó que la norma busca garantizar “que haya un plazo adecuado para responder, posibilidad de ofrecer pruebas y que todas las partes involucradas en el proceso tengan intervención”. De esta manera, planteó que la Legislatura estaba ejerciendo una facultad constitucional al establecer cómo debía instrumentarse el mecanismo.

“Nosotros no tenemos la última palabra, pero entendemos que estamos ejerciendo un legítimo derecho de reglamentación”, sostuvo Benedetti. Además, destacó que “con la publicidad y el registro de sentencias que propone el proyecto se garantiza la transparencia que tanto exige la sociedad”, y pidió a sus pares acompañar la iniciativa.

Sanzberro también habló de un “blindaje”

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro, de Más para Entre Ríos, concentró su exposición en los aspectos técnicos de la propuesta, aunque también relacionó la sanción con el reciente debate sobre la reforma previsional.

El legislador recordó que su bloque había rechazado esa modificación por considerar que tendría consecuencias restrictivas sobre jubilados y trabajadores. En ese contexto, coincidió con Cosso al interpretar que la reglamentación del artículo 60 pretendía “blindar” la reforma previsional ante eventuales planteos judiciales.

Sanzberro también cuestionó que una ley reglamentaria pudiera reducir el alcance de un mecanismo establecido expresamente por la Constitución entrerriana. “Lo que nosotros creemos es que no lo puede restringir, mucho menos de manera tan profunda hasta tornarlo difícilmente aplicable”, afirmó durante su intervención.

Qué establece el artículo 60

El proyecto sancionado reglamenta específicamente el último párrafo del artículo 60 de la Constitución provincial, referido a los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad. El debate legislativo estuvo centrado precisamente en cuáles deben ser los procedimientos y condiciones necesarios para que opere el efecto derogatorio contemplado constitucionalmente.

Desde el oficialismo sostuvieron que la reglamentación establece garantías procesales, participación de las partes y mecanismos de publicidad de las decisiones judiciales. La oposición, en cambio, consideró que esas condiciones pueden terminar limitando en la práctica la herramienta constitucional.

La controversia adquirió además un componente político por su cercanía temporal con la reforma previsional. Los senadores opositores fueron quienes establecieron una relación entre ambas normas y atribuyeron al Ejecutivo una intención de “blindaje”, interpretación que formó parte de sus argumentos para rechazar el proyecto.

Nueve votos a favor y cinco en contra

Finalizadas las exposiciones, la iniciativa fue sometida a votación tanto en general como en particular. Con los 14 legisladores presentes, obtuvo nueve votos afirmativos correspondientes a Juntos por Entre Ríos, Peronismo Federal y Frente Cimarrón.

Los cinco votos negativos pertenecieron al bloque Más para Entre Ríos. De esta manera, la Cámara alta completó el trámite parlamentario y convirtió el proyecto en ley, que será enviado al Poder Ejecutivo provincial para su correspondiente promulgación.

Durante la misma sesión, además, el senador Rubén Dal Molín, de Juntos por Entre Ríos, solicitó que el proyecto de Transparencia y Ética Pública —Expediente Nº26.785— regresara a comisiones para continuar su tratamiento. La moción fue aprobada por el cuerpo.