La fiscalía solicitó condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada juzgados por el hundimiento del ARA San Juan, al considerar que la tragedia que causó la muerte de sus 44 tripulantes pudo haberse evitado. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que los acusados conocían las deficiencias operativas del submarino y, pese a ello, permitieron que continuara en servicio.
“El hecho hubiera podido evitarse” y “el resultado era predecible” fueron dos de las principales conclusiones expuestas por la fiscalía, que buscó demostrar que la pérdida de la nave no obedeció a un hecho fortuito sino a una serie de decisiones y omisiones dentro de la cadena de mando naval.
Según la acusación, los responsables contaban con información suficiente sobre las fallas y restricciones operativas que presentaba el submarino, pero no adoptaron las medidas necesarias para impedir que siguiera navegando.
Los pedidos de condena
Los fiscales solicitaron las penas más altas, de cinco años de prisión, para el contralmirante retirado y excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y para el ex capitán de navío y excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide.
De acuerdo con la acusación, ambos autorizaron operaciones pese a las limitaciones y problemas técnicos que presentaba la embarcación. En tanto, la fiscalía pidió cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años para Hugo Miguel Correa. Los cuatro imputados llegaron al juicio en libertad.
Durante la exposición, los representantes del Ministerio Público reconstruyeron el funcionamiento de la cadena de mando y describieron incumplimientos relacionados con el mantenimiento, la supervisión y el alistamiento del submarino.
Fallas conocidas y controles postergados
La fiscalía sostuvo que las deficiencias que presentaba el ARA San Juan eran conocidas dentro de la estructura naval y que existían advertencias previas sobre distintos inconvenientes técnicos.
En ese marco, la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Andrea Garmendia, afirmó respecto de Villamide que “debía ser predecible el resultado acaecido del ARA San Juan, ya que entra en la violación de los deberes de cuidado que le son exigibles”.
Además, los fiscales destacaron que una inspección de seguridad prevista para la embarcación fue postergada. “Con un testigo pudimos saber que se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad. Se pospuso la inspección para diciembre de 2017”, señalaron durante el alegato.
La etapa final del juicio
El debate es encabezado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia.
Tras la presentación de la fiscalía, será el turno de las querellas que representan a familiares de las víctimas y posteriormente expondrán las defensas de los acusados.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Un año después, los restos del submarino fueron localizados a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, poniendo fin a una intensa búsqueda y convirtiéndose en una de las mayores tragedias de la historia naval argentina.