El cambio apunta a prohibir ya mismo nuevas habilitaciones, y permitir la actividad de los que se encuentran en funcionamiento solo por 5 años más, sin posibilidad de prórroga. El texto, que se aprobó en Ecología y pasa ahora a la comisión de Gobierno, señala que durante ese período "solo podrán comercializar ejemplares cachorros o adultos que sean debidamente identificados con microchips, libreta sanitaria y los correspondientes certificados de salud". La Secretaría de Salud municipal dio el visto bueno al proyecto a través de un dictamen favorable ante la consulta del Concejo.
Entre los considerandos, se menciona "la aparición de una enorme cantidad de criaderos de animales en la ciudad que se dedican a la compra y venta ilegal de animales", y que "como resultado del avance de las redes sociales, se puede observar que han aumentado notablemente los anuncios y ofertas de venta de animales a través de distintos medios de internet, en donde se evidencia un claro negocio clandestino, y en donde el Estado Municipal no ejerce ningún tipo de control sobre el mercado".
En ese sentido, Toniolli explicó a La?Capital que una política integral de control de población de animales domésticos requiere de tres patas: "Por un lado, las campañas de esterilización masiva y la promoción de adopciones, para la que en 2017 impulsamos la creación de los protocolos de ingreso, permanencia y adopción en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), aprobados y promulgados por la Municipalidad como Ordenanzas 9793 y 9794. En este caso, proponemos sumarle como tercer factor el abordaje de la oferta que representan los criaderos", detalló.
El edil justicialista remarcó como "contradictorio" que habiendo una superpoblación de animales domésticos en la ciudad, se sostengan lugares dedicados a la reproducción. "Proponemos una reforma de la normativa que exija al Ejecutivo mayor control sobre los criaderos existentes, el ejercicio de un control de policía efectivo que permita detectar aquellos establecimientos que sean ilegales, y que en adelante no se expidan más habilitaciones", desarrolló.
Protectores
En localidades como Funes o Alvear, los criaderos están prohibidos. En otras ciudades, como Rafaela, hay proyectos que intentan erradicarlos. En la Ciudad de Buenos Aires ya lo están. El problema de la comercialización en Rosario, apuntan los proteccionistas, es que está regulada pero no controlada. "La ordenanza data de 2002 y establece que están permitidos en zonas rurales o semirrurales. Están en una zona gris, y es un negocio muy rentable", afirmó Verónica López Nordio, presidenta de la ONG Protectora Rosario. Según la activista, un perro de raza pura puede valer, en promedio, entre 20 y 40 mil pesos, y los que más se venden son los de porte pequeño, como bulldog francés o caniche, y los de guardia.
López Nordio señaló que uno de los aspectos más crueles del problema son las condiciones de vida a las que son sometidos los animales en criaderos clandestinos, que son denunciados por vecinos sin recibir una respuesta del Estado. "Estamos hablando de gatos y perros viviendo en jaulas diminutas, criados tipo factoría en situación de explotación. No respetan los ciclos normales de los animales y estimulan los celos con hormonas, a los 3 o 4 años de edad las hembras no sirven más porque las obligan a parir 4 veces por año, en lugar de 2. Los animales que ya no le sirven al criadero son abandonados en la vía pública", contó con dolor.
Además, advirtió que los cachorros que se crían en estas circunstancias "no están sociabilizados, no tienen higiene ni controles veterinarios adecuados. Los perros aprenden de la mamá hasta los 60 días, por ejemplo las jerarquías. Si están enjaulados y los destetan antes, posiblemente tengan mayor incidencia en problemas de conducta. Esto genera perros grandes agresivos o perros chicos que no paran de ladrar", dijo.
Para la animalista, "se entrelazan varias cosas, no solo lo moral. A veces la gente piensa que está comprando algo puro, pero en realidad es un mestizo, por lo que se produce una estafa. Estos lugares no tributan, no dan factura de compra y representan un riesgo a la salud pública, porque al no tener habilitación no tienen responsable veterinario", denunció.
Señaló que al recorrer Rosario "se observa que no hacen falta perros, porque hay muchos, incluso mayor cantidad de lo que la ciudad puede soportar". Por eso, por un lado incentivan la esterilización temprana, y por otro la adopción: "Nuestro latiguillo es «mejor adoptar antes de comprar»", dijo.