Las testimoniales continuarán este viernes, lunes y martes de la próxima semana. Todos son empleados de la comuna, sin poder de decisión pero que estuvieron el día del vuelco de la garrafa con cloro.
"A partir del testimonio de todos ellos, podremos reconstruir y llegar a determinar quién tomó la decisión de volcar cloro al río", explicó.
La decisión de convocar a esos trece empleados ocurrió luego de que la administración municipal de Victoria, que encabeza Domingo Maiocco (Cambiemos), enviara un informe, a pedido de la Fiscaía, en el que detalló cómo es la orgánica municipal, especificando las competencias de cada secretaría de gobierno municipales, avisando que empleados prestaron servicios en la planta potabilizadora el día del vuelco, como también acercando el contrato con la empresa proveedora de cloro.
Los concejales del Frente para la Victoria oportunamente emitieron un pronunciamiento en conjunto con el Consejo Departamental del Partido Justicialista, en el que hicieron saber de "nuestra gran preocupación" frente al hecho de "al arrojar una enorme garrafa con gas cloro en nuestras costas, sin respetar el protocolo que recomienda Induquimica S.A, empresa proveedora y que llevó a poner en riesgo la vida de los pobladores, siendo asistidos e internados en nuestro hospital".
Los hechos
La garrafa se arrojó al río el domingo 31 de diciembre, y es parte de las pruebas con la que se maneja el fiscal Taleb para tratar de determinar si se cometió algún tipo de delito. Se trata de una garrafa de cloro de unos 1.000 kilos.
César Zucotti, el entonces Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Victoria, ya que fue recientemente nombrado en ese cargo el Ingeniero Matias Bardou, fue quien explicó por qué se hizo ese procedimiento.
"Me dijeron que no había otra alternativa. Que había que hacer ésto, que ya había un antecedentes de hace 22 años de haber dispuesto un procedimiento así, entonces fijamos la posibilidad de tirarlo. Lo que se estudió es el lugar. Decidimos finalmente que el lugar más apto eran los galpones en las inmediaciones de la arenera. Entonces, cerca de las 15:30 del 1° de enero fuimos con personal y máquinas y lo tiraron al agua y se tiró ahí", contó el ahora ex Secretario de Planeamiento.
La garrafa después de haber sido arrojada al río, emanó gas cloro, y ese gas fue inhalado por un pescador y sus dos hijos, que terminaron internados en el Hospital Fermín Salaberry.
Enterado del incidente, Taleb decidió abrir una causa de oficio, previa visita a los damnificados en el nosocomio local.
En principio, la causa está caratulada como "Lesiones imprudentes". Ese delito, dijo Taleb, tiene una pena de un mes a tres años de prisión, o la aplicación de una pena alternativa, que es una multa, y conjuntamente la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, de uno a cuatro años. (LT39)