Sociedad Tras mal diagnóstico

Por mala praxis, el gobierno de Mendoza deberá pagarle $30 millones a la familia

La nena, que hoy tiene 7 años, fue mal diagnosticada y sufre una discapacidad total. Cuando la sentencia quede firme, el Estado tendrá que otorgarles el dinero a los familiares afectados por el caso.
El caso ocurrió en el Hospital Antonio J. Scaravelli
Foto: El caso ocurrió en el Hospital Antonio J. Scaravelli
Crédito: Prensa Mendoza
Una bebé recién nacida sufrió mala praxis en el Hospital Antonio Scaravelli de Tunuyán, Mendoza, y debido a las graves consecuencias que eso le produjo, la Justicia determinó que el gobierno provincial deberá indemnizar a la familia por 30 millones de pesos.
La pequeña, que hoy tiene 7 años, fue diagnosticada con un ictericia fisiológica y no una patológica, lo cual le generó una discapacidad total provocada por una enfermedad incurable.

Al pasar los días, los médicos determinaron un cuadro de kernícterus, un tipo de daño cerebral que se presenta por los altos niveles de bilirrubina en la sangre de los recién nacidos.
Por este motivo, según lo informado por el medio Los Andes, la pequeña padece de parálisis cerebral y necesita recibir un tratamiento multidisciplinario.
La sentencia judicial del caso
La sentencia judicial señala que: “Por sus múltiples secuelas -permanentes y que impactan en todo su organismo y en todos los sentidos esenciales- debe recibir un tratamiento multidisciplinario, interactuando varias especialidades, como clínica pediátrica, neurología, tratamiento con medicación permanente, oftalmología traumatología y ortopedia. También requiere estimulación psicomotriz temprana, fonoaudiología (por los diferentes trastornos de deglución u auditivos) y odontológicos, ya que tienen trastornos en el esmalte dental”.

Los abogados de la familia, Pablo Cazabán y Sergio Anglat, solicitaron cerca de 12 millones de pesos y además, un millón más por incapacidad sobreviniente y daño moral.
También se estableció una suma de $1.800.000 para cada padre, y por gastos terapéuticos y de transporte, un total de 12 millones de pesos.
Aunque el dinero aún no está disponible para los beneficiarios, cuando la sentencia quede firme, el Estado tendrá que otorgárselo a los familiares afectados.
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