Las personas que viven allí mencionaron que compraron los terrenos y construyeron sus viviendas. En realidad se lo compraron a una persona que solo alquilaba allí, la justicia fue tajante y fue con todo el peso de la ley a ejecutar el desalojo.
"Pagamos de buena fe; ahora, apareció una mujer diciendo que es la propietaria de los terrenos, en realidad era la que alquilaba, la mujer nos estafó hace seis años, jamás fuimos citados y jamás se nos preguntó nada, ahora salió un juicio, se dio una sentencia a nombre de Carina Rodríguez, la dejaron que venda todo y después aparece la dueña y la justicia falla a favor de ella".
Otra vecina dijo que en el lugar el terreno era una selva y estaba descuidado, "había mugre, nosotros lo limpiamos lo cuidamos, hicimos nuestras casas, era un baldío un terreno sucio, todos empezamos desde abajo".
"Piden un millón y medio por el terreno. ¿De dónde vamos a sacar? Somos albañiles y empleadas domésticas, nos amenazan que arreglemos, estamos dispuesto a pagar una cuota que sea accesible si la dueña acepta. Y si el Intendente nos ayuda y le pagamos a la municipalidad, podríamos arreglar, pero un millón y medio no tenemos, es mucha plata", se quejaron.
En el lugar, el ex diputado provincial Antonio Eduardo Mainez, como abogado de parte, solicitó la intervención del municipio, "esto debería tasarse sin las mejoras, solamente el terreno y se suspendería la medida si llegaramos a un acuerdo, lo que acordaríamos es que el terreno sea tasado y el municipio debería poner la parte de ustedes y sobre esa base acordar el resto cuando salga el número", les dijo el abogado a los vecinos.
Luego mencionó que es necesaria la intervención de la municipalidad, "esta gente no tiene para pagar el terreno, no queremos que esta cuestión económica se transforme en una cuestión social, si hay un acuerdo, mi clienta verá como acuerda con ellos", precisó el abogado.
Los terrenos están ubicados frente la capilla San Cayetano de 2 de abril, el oficial de Justicia Luis Busso, en diálogo con nuestros cronistas, detalló que "hemos tratado de llevar adelante la negociación de partes y no se llegó a ningún acuerdo, el mandamiento viene del Juzgado Civil 6 con una causa que lleva más de tres años, se había notificado a las personas con anticipación, nosotros convocamos a la policía, se cubrieron todos los aspectos para evitar algún inconveniente y si no se llega a ningún acuerdo lamentablemente hay que llevar adelante la medida, no es grato para nadie, pero hay cumplir el mandato del juez", respondió tajante.
"Hace tres años ocurrió lo mismo y no hubo acuerdo de partes, no tenemos elementos para determinar las actuaciones, a nosotros nos llegan las demandas judiciales y debemos ejecutar por lo que ordena el juez, en este caso si hay negociación o acuerdo el mandamiento queda en suspenso", agregó. (El Sol)
