En efecto, el texto de la norma plantea “el arancelamiento de la atención y servicios en el ámbito del sistema de Salud Pública de la Provincia, para todos los extranjeros que, de acuerdo a la categorización establecida en la Ley Nacional N° 25.871, sean ‘residentes transitorios’ o ‘residentes precarios’, debiendo solventar los costos de dichas prestaciones a través de un seguro de salud con cobertura suficiente o por sí mismos”.
Cabe aclarar que la residencia precaria es autorización que da Migraciones mientras dura el trámite de admisión de una persona extranjera que quiere residir en Argentina. Dicha condición permite permanecer, salir del territorio nacional y volver a entrar, trabajar y estudiar. Mientras que se considera residentes transitorios a los turistas, pasajeros en tránsito, tripulantes del transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales y académicos. En ambos deberán abonar por la atención médica.
En casos de urgencia o emergencia, el proyecto de ley señala que “la atención no podrá ser negada” a los extranjeros residentes transitorios o precarios y que en ese caso “la autoridad de aplicación arbitrará, con posterioridad, los medios para el cobro de los gastos en que se incurriera”.
La autoridad de aplicación planteada es el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, que se encargaría de “llevar a cabo todas las acciones necesarias para la implementación de esta ley, y fijará los aranceles”.
De sancionarse la ley, el Gobierno de Corrientes estará facultado a “celebrar convenios de reciprocidad con otros países, a fin de garantizar para los habitantes de nuestra provincia el acceso al sistema de salud pública en otros territorios”.
Entre los fundamentos del proyecto, el diputado Romero Brisco mencionó “la adversa situación económica que viene atravesando el país” y resaltó que en este contexto “uno de los mayores desafíos que enfrenta la prestación de servicios de salud pública, es la administración de recursos finitos (y en ocasiones, escasos) frente a una esencial demanda”.
“Toda asistencia sanitaria, desde las más simples hasta las de mayor complejidad, posee un costo, y entendiendo que el mismo es solventado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga de quienes tengan acceso a dichas coberturas, pero que también es afrontado por el Estado Provincial, sin distinción alguna, para los casos de personas que no posean tales beneficios ni recursos suficientes, es que considero necesario y oportuno legislar a fin de resguardar y garantizar el acceso al sistema público de salud pública provincial”, justificó el legislador.
Días atrás el bloque de Juntos por el Cambio (PRO-NCN) de Neuquén presentó un proyecto de ley que busca arancelar la atención médica a extranjeros (tanto a turistas, como a residente transitorios o precarios). La iniciativa fue impulsada por la diputada Verónica Lichter, quien justificó que recientemente se declaró la emergencia sanitaria en todo el ámbito de la provincia: “Es una situación muy compleja, hay que encarar el uso de los recursos escasos”.
En la misma sintonía, el Gobierno de Salta ya dispuso cobrar la atención sanitaria a los extranjeros en la provincia. La medida se oficializó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y contempla como excepción a las urgencias, que seguirán siendo garantizadas. Al respecto, allí esta semana se generó una de las primeras polémicas luego que una mujer de nacionalidad boliviana que acudió al Hospital San Vicente de Paul de Orán para dar a luz, al recibir una factura de aproximadamente $245.000 por los gastos, decidió marcharse sin pagar.
El gerente del hospital, Alejandro Fabián Valenzuela, confirmó que la mujer llegó a la guardia de ginecología acompañada de su esposo, residente de Orán. Sin embargo, no pudo presentar documentos que verificaran su residencia en Argentina. Ante esta situación, el centro médico realizó la denuncia correspondiente y solicitó la intervención de Migraciones.
Valenzuela explicó que la pareja llegó por la mañana y al enterarse del costo de la atención médica se marcharon disgustados. Sin embargo, regresaron horas después con el parto muy avanzado y se les brindó la asistencia necesaria tanto a la mujer como al bebé.
Al día siguiente, se les informó sobre el costo total de los gastos, pero el esposo, argentino, argumentó que no les correspondía pagarlo y se marcharon con el bebé. A pesar de que la mujer estaba lista para el alta, se presentó una denuncia judicial en su contra.
