Cañete desmintió "que se les deba tantos meses a los cuidadores domiciliarios", y apuntó en diálogo con LT39 contra el costo de tratamientos de discapacidad. En ese sentido ejemplificó: "Cinco afiliados reciben una inversión de 2.593.000 de dólares. Me preocupa porque es mucha concentración de recursos en muy pocos afiliados y esto va a hacer colapsar el sistema. Va a llegar un momento en que los recursos no van a alcanzar".
Por otra parte indicó que unos 174 afiliados que reciben tratamientos en escuelas especiales representan 239 millones de pesos para Iosper.
Los reclamos
El sector está considerado esencial en el marco de pandemia por el coronavirus y abarca cuidadores de adultos mayores, personas con discapacidad y niños con diversas patologías. En la provincia hay unas 650 personas que se dedican al servicio.
El rubro se maneja como personal autónomo a través de facturaciones con Monotributo. Los pagos por parte de la obra social de la provincia se realizan de forma discrecional generando inestabilidad laboral para quienes viven de ese trabajo. Las quejas contra la obra social llegan también de los afiliados quienes deben hacerse cargo de los pagos, a pesar de tener autorizadas las prestaciones. A esto se suma la pésima atención, las demoras o faltas en las tramitaciones, la escasa o nula información y prestaciones a través del sitio de Internet y la imposibilidad de acceder en forma telefónica a soluciones.
Los afiliados, que terminan siendo los damnificados, señalan que tantos requisitos hace que los cuidadores se abstengan de aceptar trabajar con esa obra social.
Por su parte, afiliados adultos mayores y personas con discapacidad, ya hablan de "abandono de persona". Muchos de ellos debieron recurrir a acciones de amparo ante la Justicia para obtener la prestación y hacen hincapié en que los descuentos para obra social son puntuales, a pesar de no obtener los beneficios. Piden al Gobierno provincial que intervenga, publicó Uno.
