"Se estipula un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha a los efectos de que el Directorio de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Diamante, reintegre el dinero tomado a los efectos de solventar compromisos de gastos corrientes, debiendo depositar en las cuentas de donde fueron extraídos la suma faltante hasta completar la reserva de divisas en dólares que establece el artículo 19 de la Ordenanza 230/95. Sin perjuicio de ello las partes arbitrarán las alternativas y/o medios a los efectos de evitar en el futuro que sucedan extracciones como las que generaron las presentes actuaciones". En la resolución que se acordó el 12 de diciembre de 2018, día en el que comenzó a regir el plazo para reintegrar el dinero, se consignó el que el 11 de junio de 2019 a las 16.30 se realice una audiencia "a los efectos de controlar el cumplimiento" de lo resuelto entre el fiscal de Diamante, Gilberto Robledo, y las partes involucradas en la polémica solución.
Los nombrados fueron María Rosa Parizzia, vice presidente del Directorio de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Diamante; Rosa Pérez, secretaria del Directorio; Sergio Geuna, ex presidente de la Caja; César Unrein, presidente; Carlos Zapata, tesorero del Directorio y secretario del gremio municipal; Héctor Taborda, Cecilia Lissaso y Matilde Zuazo, vocales del Directorio; y Agustín Re, asesor contable del Directorio, todos involucrados en la investigación que clausuró la Procuración con el compromiso de que se reintegre, en el plazo de seis meses, el dinero retirado sin observar la normativa que lo impedía.
Sobre la denuncia
Los denunciantes señalaron que a pesar de la normativa, "entre los días 23 de Julio y 27 de julio del presente año 2018, se decide la extracción y venta de 16.500 dólares del Fondo de Garantía establecido en la Ordenanza 230/95, generando que los depósitos no lleguen al monto mínimo de 1.500.000 dólares establecidos, contraviniendo lo expresamente establecido en ella".
Fuentes judiciales consultadas señalaron que Robledo "dispuso una serie de medidas y fijó para el 12 de diciembre a la tarde, una audiencia de conciliación". En lo que se consideró "un hecho inédito, el fiscal manifestó, y quedó asentado en el acta de la audiencia, que hablaba cumpliendo instrucciones del procurador general, por lo que en la reunión se les iba a solicitar a los denunciados -funcionarios de la gestión Cambiemos que lleva adelante el intendente Lenico Aranda- que en seis meses debían reintegrar los dólares extraídos a la Caja". En este sentido, se determinó que en junio de 2019 debían reintegrar el dinero y que en esa fecha, la causa se archivaba".
Cuestionamientos al fallo judicial
Otras fuentes deslizaron que "una resolución como ésta, adoptada entre gallos y medianoche, no ha generado en la ciudad la repercusión que merece. Esta solución mágica propuesta por la Fiscalía se dio no obstante la posible comisión de los delitos de Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, sancionados por el Código Penal, es decir, ante una situación prohibida por la Ley".En este sentido, se recordó algunas de las causas que tuvieron como imputados por delitos similares a funcionarios vinculados al Partido Justicialista y "no se habilitó el salvavidas de oro". Entre los que tuvieron sentencia, se mencionó al ex director de la Dirección Provincial de Vialidad, Jorge Rodríguez, que fue condenado por haber utilizado fondos de la Dirección para la construcción de una escuela pública de gestión privada; y entre los que están sometidos a proceso, se nombró al diputado justicialista Juan Carlos Darrichón, actualmente con los fueros suspendidos, que enfrenta cargos por no depositar en la Caja de Jubilaciones Municipal importes provenientes de aportes jubilatorios, incurriendo en el supuesto delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Darrichón sostuvo en su defensa que actuó motivado por la grave situación económica que atravesaba el Municipio en aquel momento.
Según se precisó, "los concejales que impulsaron la denuncia se retiraron de la audiencia sin firmar el acta y manifestando su desacuerdo, mientras que los denunciados, patrocinados por Rodolfo Parente, respiraron aliviados y firmaron el acta en la que expresamente reconocieron haber retirado del dinero, aceptando reintegrarlo hasta volver la reserva al monto que poseía antes de la extracción".
Las fuentes consultadas destacaron la "ausencia de repercusiones" respecto de la salida elegida para resolver la causa. En este sentido, recordaron que en el momento en que la causa tomó estado público, el Consejo Departamental del Partido Justicialista de Diamante emitió una solicitada en la que respaldó "la solicitud de investigación judicial formulada por los concejales del Frente para la Victoria de la ciudad ante la autoridad judicial, en resguardo del patrimonio, la transparencia de la administración y el equilibrio financiero de Caja de Jubilaciones municipal, e insta una rápida investigación administrativa y penal que permita determinar la responsabilidad de la conducta de los funcionarios involucrados y preservar la integridad de las arcas previsionales municipales". (El Diario)
