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En el Ministerio de Seguridad califican de "reflejo judicial" la sospecha del uso abusivo del arma que deriva en inmediatos procesamientos de agentes por la muerte de ladrones.
Estiman los funcionarios nacionales que con el fortalecimiento de los organismos internos -bajo el control de civiles- se da una lucha contra la corrupción policial, por lo que también deben "cuidar a los que nos cuidan" cuando algún uniformado es acusado sin mayores pruebas de "gatillo fácil".
Por eso, Bullrich hizo ayer otro gesto en esa dirección y se reunió con 11 agentes que resultaron absueltos tras ser imputados por homicidios.
Más allá de ese encuentro, el Ministerio de Seguridad emitió una resolución para apoyar concretamente a los uniformados que hubiesen sido perjudicados por acusaciones que, luego, no pudiesen ser sostenidas frente a un tribunal. Bullrich firmó la creación del programa Restituir, dirigido a "restablecer la carrera, remuneración y reputación del personal que haya estado en servicio pasivo en virtud de un proceso judicial vinculado a su actividad policial", según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
"Queremos revertir una cuestión de fondo: el hecho de que un funcionario policial sea acusado cuando lo que hizo fue cumplir con su deber. En el transcurso de las causas, muchos padecen una disminución en las posibilidades de sus carreras, como ascensos", aseguró la ministra Bullrich, luego de reunirse con algunos de los uniformados que salieron airosos de acusaciones en su contra. En esos 11 episodios la Justicia determinó, finalmente, que los policías habían resuelto correctamente sus enfrentamientos con delincuentes.
Con el lanzamiento de ese programa de ayuda a policías que se enfrentaron a procesos penales, el Ministerio de Seguridad buscó -según se explicó en esa cartera- dar una señal del sistema de reacción policial pretendido: agentes que sepan que serán respaldados si sus acciones se ajustan a la ley.
Pocos días antes de la Cumbre del G-20 -reunión de jefes de Estado protegida por el mayor despliegue policial dispuesto en la Argentina-, la ministra Bullrich había firmado un protocolo para el uso de armas fuego policiales, cuyo objetivo es dar mayores herramientas judiciales en la defensa de los agentes acusados luego de abatir a ladrones.
Incluso el presidente Mauricio Macri dejó trascender su respaldo a esa decisión, al comentar en una reunión de gabinete: "Es el momento político justo para anunciar el protocolo, porque es el momento para el cambio cultural. Los policías deben usar las armas, está muy bien y es lógico que puedan defenderse".
Más allá de las posteriores absoluciones, para los uniformados representa un problema importante quedar bajo un proceso judicial, aunque la investigación fuese por muertes o lesiones durante enfrentamientos con delincuentes. Si resultan procesados por el presunto uso indebido del arma, el policía pasa a situación de servicio pasivo y, de inmediato, eso impacta en su economía familiar al recibir solo el 50 por ciento del salario; además, esas causas pueden durar varios años y en ese tiempo los imputados pierden posibilidades de capacitación y ascensos. Tras la resolución dictada por Bullrich se buscará la recuperación de lo perdido por cada agente que hubiese sido finalmente absuelto en esos expedientes.
"En este programa hemos trabajado con eje en tres elementos: en el orden de la ética, buscamos devolverles el buen nombre y honor a los efectivos sobreseídos; también queremos recompensar a aquellos que perdieron efectos materiales y devolver las oportunidades que no se pudieron aprovechar por haber estado procesados", explicó la ministra de Seguridad.
La funcionaria escuchó, entre otros, el testimonio del gendarme Arsenio Narvay, que estuvo detenido 15 meses por matar a un ladrón y que este año fue absuelto en un juicio.
