Además, el decreto añade una instancia nueva que los empleadores deberán cumplir para las intimaciones en el futuro: tendrán que constatar ante la ANSES que el trabajador cuenta con los años de aportes requeridos para jubilarse. Es decir, que no alcanzará sólo con saber que el empleado cumplió la edad reglamentaria. "La Administración Nacional de Seguridad Social deberá instrumentar un mecanismo expedito para brindar la información mencionada a los empleadores, respecto de los trabajadores a su cargo", se decretó.
La posibilidad de continuar trabajando hasta los 70 años rige tanto para hombres como para las mujeres. Desde ahora sólo pueden ser intimados a jubilarse si cumplen esa edad. Hasta ahora ambos sexos estaban obligados retirarse a los 65 si contaban con los 30 años de aportes. El corazón de la reforma está en el cambio de fórmula para calcular el ajuste periódico de los haberes. Esta medida le permitirá al Gobierno bajar en aproximadamente $75.000 millones el gasto previsional este año, según las proyecciones que elaboró en su momento el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Ámbito.
Esta es la apuesta principal -junto con el recorte de los subsidios económicos- del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para cumplir la meta de reducción del déficit fiscal primario en 2018.
La nueva fórmula comenzará a aplicarse a partir del 1 de marzo. A iniciativa del senador peronista Miguel Pichetto, el cálculo para la actualización de las jubilaciones tomará el 70% del índice de inflación y el 30% del indicador de evolución salarial que elabora el Ministerio de Trabajo (Ripte). De aplicar este criterio, el aumento a cobrar será de 5,7%. La resistencia a esta reforma radica en que la fórmula anterior (que combinaba la evolución de la recaudación previsional con el índice salarial del INDEC) implicaba un 12% de aumento en las jubilaciones.