Además, señaló que este déficit "se ha convertido más en cualitativo que cuantitativo" y dijo que son "12 millones de personas" las que "tienen problemas de vivienda".
"Para 2017 el Presupuesto que tuvimos para vivienda fueron 25 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil fueron para la construcción de viviendas sociales", detalló. "El Estado aporta menos viviendas de las que necesita el crecimiento de la población", sostuvo, pero afirmó que el Gobierno pretende mutar de "un Estado constructor a un Estado facilitador en un modelo público privado".
La exposición del funcionario se dio en el marco de una reunión informativa sobre dos proyectos de ley, presentados por las diputadas María Emilia Soria (FpV-PJ) y María Soledad Carrizo (UCR), que buscan dejar sin efecto la libre disponibilidad de los recursos transferidos por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
Kerr resaltó que el FONAVI "fue perdiendo en los últimos años el impacto que tenía en las políticas públicas". "El Estado fue distribuyendo el dinero a las provincias y cada vez tuvo menos representación en las provincias", agregó y continuó: "El FONAVI va a estar este año en 13.500 millones de pesos".
El subsecretario explicó que "con el pacto federal que se hizo en la emergencia económica" las provincias pueden utilizar libremente las transferencias que reciben. "Las transferencias que se hicieron por la alícuota que tuvo el FONAVI entre 2013 y 2014 tuvo cero inflación", expresó y apuntó que "nunca el Congreso modificó los porcentajes de asignación del FONAVI desde la ley".
"No hay nada mejor que existan fondos exclusivos en las provincias para fondos de vivienda", dijo y aseguró: "Necesitamos mayor inversión para poder reducir el déficit". Respecto de las provincias que "destinan los fondos para algo distinto que la política de vivienda" dijo que se trata de "Buenos Aires, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego".
Kerr informó también que Formosa y Chaco son los distritos que tienen "un déficit cercano al 50 por ciento de la totalidad de sus habitantes", mientras que La Pampa es la provincia con el menor porcentaje, que ronda los 9 puntos. En tanto, alcanza el 28 por ciento en el conurbano bonaerense.
Por último, el funcionario abogó por que las provincias "tengan que presentar anualmente a qué destinaron estos fondos y que el Congreso los pueda revisar".
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