Según difundió el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en el proceso, la Fiscalía Penal Controversial y de Faltas (PCyF) 28, a cargo de Martín Perel, pudo probar que el imputado actuó con malicia.
La pena fue impuesta en un juicio oral y público donde se comprobó que el hombre eludía sus obligaciones alimentarias de su hijo desde 2014, pese a tener una muy buena posición económica y se acreditó, por tareas del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal, que el acusado traspasó gran parte de su patrimonio a su hija y a otras personas para evitar el pago de los deberes alimentarios del menor.
Tras el pedido, la jueza Cristina Lara consideró que existió violencia económica por parte del acusado al esconder los bienes y así evitar pagar el importe acorde de cuota alimentaria, por lo cual junto con la condena en suspenso, la magistrada impuso reglas de conducta que el acusado deberá cumplir durante tres 3 años.
Entre esas reglas está la de prohibición de contacto con la denunciante, la realización de un taller de género y violencia intrafamiliar y otro taller de vínculos saludables y crianza responsable, sumado a la ejecución de 120 horas de trabajos comunitarios.
