La medida cautelar fue solicitada este miércoles por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Alejandra Del Río Ayala, luego de narrar las circunstancias en las que se obtuvo el video, que derivó en la detención del acusado el sábado pasado.
La denuncia fue radicada en sede policial el 22 de enero por la madre de la niña, la cual se encontraba en pareja con Cristian F. al momento de ocurrido el hecho. La mujer se enteró a través de los propios familiares del muchacho, y luego de que un cuñado de éste encontrara un video de 11 segundos, con escenas compatibles con un abuso.
Nube de Google
El cuñado narró que días atrás le creó una cuenta de Gmail a Cristian F. a través de su teléfono celular y que dicha cuenta se activó cuando cambió su equipo de telefonía y reinstaló la agenda contactos con sus cuentas personales.
Fue en esas circunstancias que ingresó a la nube de Google para ver las fotos de su cuñado, cuando advirtió que había una imagen con una persona desnuda. Al ingresar al archivo se dio cuenta que se trataba del abuso de una beba -tenía puesto un pañal- y que el hombre presentaba características compatibles con su pariente.
La fiscal Del Río Ayala destacó una cicatriz en la pierna derecha, cerca de los genitales, la cual es compatible con la marca que presenta el detenido y que consignó el médico legista que lo revisó. Además, dijo que en las imágenes se ve una manta idéntica a la secuestrada el día del allanamiento.
Video borrado
La representante del MPA informó al juez que, más allá de los dichos que permitieron alertar a la madre de la menor, la fiscalía ordenó el secuestro del celular del acusado y la autorización judicial para poder tener acceso a su contenido; medida que permitió hallar el video, cuya fecha de producción fue el 12 de enero último, a las 5 de la mañana.
"Lo borró al advertir que su familia sabía del video", adelantó Del Río Ayala, que a pesar de ello, explicó que los peritos lograron recuperar el archivo suprimido.
Entre el abuso y la denuncia, pasaron 10 días, en los cuales la propia madre del imputado le advierte a la madre de la niña lo que estaba pasando. Esto, a raíz de que su hijo ya habría tenido una conducta similar en 2016, cuando siendo menor de edad se tuvo que ir del pueblo para no cruzarse con los familiares de su otra víctima.
Testigos cercanos
Todo ese relato fue utilizado por la fiscalía para sostener que existen claros riesgos procesales -de entorpecimiento probatorio y peligro de fuga- que sólo podrían cautelarse con el encierro del imputado. Y si bien "el video es la clave donde se advierte toda la escena", el hecho de que sean los propios familiares del imputado quienes relatan lo ocurrido, el regreso de Cristian F. a su domicilio no haría más que condicionarlos a la hora de un futuro juicio.
Por otra parte, desechó la posibilidad de realizar una entrevista en cámara Gesell, ya que "es una nena que sólo dice papá y mamá" y que "ni siquiera camina", para poner en contraste la vulnerabilidad de la niña para con el novio de su madre.
Derecho a la intimidad
En tanto, el representante de la Defensa Pública, el abogado Nicolás Mosconi, cuestionó la forma en que comienza la investigación, aduciendo que al haber ingresado el cuñado al correo de su defendido, sin autorización, se violó un principio elemental consagrado en la constitución -derecho a la privacidad e intimidad-, lo cual invalida todos los actos jurídicos realizados después. "Todos los actos que son consecuencia lógica, no pueden ser aprovechados" en la investigación, dijo.
Por otra parte, desestimó los riesgos procesales y reclamó la inmediata libertad para su defendido; y para el caso de que su soltura no fuera aceptada por el magistrado, propuso alternativas a la prisión, con domicilios en la ciudad de Venado Tuerto, en el sur provincial; o en la localidad de San Antonio de Obligado, en el extremo norte, ambas con guardadores con alguna relación de parentesco.
Finalmente el juez Candioti ordenó la prisión preventiva sin atenuantes para Cristian F., dispuso el pase del reo a dependencias del Servicio Penitenciario, e informó que los fundamentos los dará a conocer por escrito en el plazo de ley. (El Litoral)
