Crédito: Archivo-FM Estación Plus
En 2016, la División Robos y Hurtos desentramó la banda conformada por ocho miembros, que cometían robos en Paraná, Tala y Nogoyá, con un particular modus operandi que les adjudicó el nombre "los rompe-puertas" o "los boqueteros", ya que eran las modalidades con las que perpetraron robos después de desactivar sigilosamente las alarmas de inmobiliarias, estudios jurídicos y el recordado hecho al negocio de indumentaria para personal de seguridad -cercano a las 5 esquinas de Paraná y desde donde se alzaron con $597.000-, entre otros comercios.
En noviembre de ese año, en ocasión de encontrarse saliendo de su domicilio y con la anuencia del fiscal Francisco Ramírez Montrull, un funcionario policial de mediana jerarquía, pero que llevaba ocupados varios cargos de alta importancia y responsabilidad dentro de la institución, fue detenido.
La aprehensión se materializó en el marco de la investigación, acusado de "marcar" comercios que eran robados por la banda. En esa oportunidad quedó alojado en Alcaidía de Tribunales de Rosario del Tala. Para entonces, la investigación policial había reunido escuchas telefónicas y otros medios de prueba, a través de las cuales se estableció que los delincuentes poseían vínculos con dicho efectivo de la Policía.
El ahora condenado cumplió prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. También prisión domiciliaria dispuesta por la Jueza de Garantías Susana María Paola Firpo, situación procesal que el 10 de marzo de 2017 fue ratificada por el Tribunal de Casación, tras declarar abstracto el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa del funcionario policial.
La condena
En abril de 2019, la Oficina de Gestión de Audiencias pasó a tramitar lo que derivó en el actual cierre judicial para este implicado.
Recientemente, la justicia sentenció sobre el ex funcionario por el delito de "Asociación Ilícita, imponiéndole la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial consistente en la privación del empleo y cargo de funcionario policial por 4 años; más normas de conducta por el término de 3 años: a) mantener el domicilio denunciado; b) abstenerse de realizar actos molestos y perturbadores contra los testigos y víctimas de las investigaciones; c) abstenerse de verse involucrado de hechos violentos; y d) realizar tareas no remuneradas por 96 horas anuales, a favor de una institución de bien público, a fijar por la OMA".
El condenado no venía desempeñando su profesión en la Policía de Entre Ríos, sino que se encuentra trabajando en un comercio de la zona céntrica de Crespo.
