El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil votó a favor de denunciar a otras 131 personas por su participación en los ataques del 8 de enero a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, en rechazo al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, informó hoy la prensa local.
Con esta nueva decisión, llegan a 1.176 las acciones penales abiertas contra involucrados en el episodio.
Hasta el momento, ninguno de los 1.390 cargos formales presentados por la Procuraduría General de la República (PGR) fue rechazado.
En esta última tanda de denuncias, la principal acusación, en todos los casos, es la de incitar a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra el poder constituido y de asociación delictuosa, informó la estatal Agencia Brasil.
Las denuncias tienen como objetivo a las personas que formaron parte del campamento instalado frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, al día siguiente de los ataques.
Los recibos de denuncias se están juzgando de forma virtual por el plenario del STF, en el que los ministros tienen una ventana de tiempo para votar a distancia, sin deliberación presencial.
Aunque la votación no terminó, el relator, ministro Alexandre de Moraes, y sus pares Dias Toffoil, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Rosa Weber y Edson Fachin ya votaron para recibir esta nueva ola, por lo que hay mayoría, y -como en otras ocasiones- los ministros André Mendonça y Nunes Marques se pronunciaron en contra.
Con la recepción de la denuncia y la apertura del proceso penal, se inicia una nueva fase de investigación del proceso, en la que se escuchan los testigos de cargo y de descargo, por ejemplo.
Es sólo al final de esta etapa que el STF debe juzgar, caso por caso, cualquier condena de los acusados, y no hay fecha límite para que esto ocurra.
Del total de denuncias ya recibidas, 225 se refieren a personas acusadas de participación directa en ataques a edificios públicos.
En este caso, se los acusa de delitos como tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y depredación de bienes públicos protegidos, entre otros.
Hay al menos dos investigaciones más de la Corte Suprema relacionadas con el 8 de enero, que apuntan a posibles financistas y autoridades sospechosas de no hacer frente a los ataques. De cara a las investigaciones, la PGR aún no ha presentado denuncias en estos procesos, que aún son investigados por la Policía Federal (PF), en el operativo denominado Lesa Patria.
