El gobierno italiano, que mantuvo ayer una reunión de emergencia en Génova, acusó a la firma Autoestrade, la empresa concesionaria de las autopistas, de propiedad en un 30% de la familia Benetton, de haber aplazado los controles y la manutención del controvertido viaducto.
"Una compañía que gana miles de millones en peajes debe explicar a los italianos por qué no ha hecho todo lo posible para invertir buena parte de esas ganancias en seguridad", declaró indignado a la emisora Radio 24 el ministro del Interior, Matteo Salvini.
La firma divulgó un comunicado con las elevadas cifras invertidas (mil millones de euros) para la seguridad de las autopistas italianas, que calificó entre las más seguras de Europa, como respuesta a las acusaciones del gobierno. Según el diario La Stampa, la empresa decidió aplazar para después de la temporada de vacaciones las obras para reforzar los tirantes del puente, que según algunos expertos causaron el desplome del gigantesco viaducto.
"Se trataba de una obra delicada, compleja e invasiva, que tenía que iniciar después de las vacaciones de verano de agosto. Los cálculos fallaron y al parecer no habían sido instalados los aparatos para monitorear el aguante del puente", escribió el diario.
Unos doscientos metros del puente Morandi, que tiene 1.182 metros de longitud y una altura de 90 metros, se vinieron abajo y sepultaron bajo los escombros y bloques de cemento a varios vehículos.
