
Según establece la ley de alquileres que rige desde el 2020, el aumento de las locaciones se da una vez al año: tanto al cumplirse los 12 meses de la firma del contrato como a los 24 meses. En ese momento, todos los inquilinos deben pagar un aumento a través de un cálculo que se realiza tomando en cuenta la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte) y la inflación (IPC).

El dato ajustado al 16 de febrero de este año (última actualización oficial), según indicó Marta Liotto, titular del Colegio de Profesionales Inmobiliarios, da 87%.
Esto significa que si una persona firmó su contrato el 16 de febrero del 2022 por $ 45.000 por ejemplo, deberá pagar a partir del 16 de este mes $ 84.250. Es decir, que habrá tenido un aumento del 87,2%. Para quienes debieron hacerlo en enero, la suba fue del 81%.
A pesar del fuerte impacto en los bolsillos de quienes no son propietarios del lugar donde viven, estas subas siguen estando por debajo de la inflación general ya que, el alza interanual del IPC (enero del 2022 vs enero de este año) llega prácticamente al 99%.
Método de ajuste
El método de ajuste de los alquileres, tanto como la duración de los contratos que a partir de la nueva Ley pasaron de dos a tres años, siguen siendo motivos de polémica entre inmobiliarias, propietarios e inquilinos.

Bajar los precios
En ese sentido, manifestó, que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque "es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente", opinó en diálogo con Clarín.
Entre otros conceptos, según el dirigente, “para que pueda haber un descenso de precios en el mercado se necesitan incentivos para que aumente la oferta de inmuebles y también un regreso del acceso al crédito, como política de Estado”, opinó.