El valor de la energía para la producción de arroz en la zona "pasó de ser de pequeño impacto al de mayor impacto", apuntó a esta Agencia Villón, quien explicó que solicitaron al Gobierno provincial que "realice las gestiones para que se baje el costo de la energía, es decir, del combustible y de la energía eléctrica, para que se pueda mantener el área sembrada".
En ese sentido, señaló que "hubo un reacomodamiento de la tarifa, por lo que muchos lotes que se preveían implantar quedarán sin sembrar", ya que los productores se encontraron "que la energía aumentó 80 centavos el Kw-hora, con una suba prevista para el verano próximo de entre el 30 y 35 por ciento".
Al respecto, el ingeniero agrónomo, remarcó que la baja "impactará en la cadena de producción, ya que toda la cosecha que se hace va a los molinos arroceros de San Salvador a ser industrializada, por lo que se producirá desocupación y habrá pérdida de valor agregado e ingresos", si el conflicto no se resuelve.
Ante ese escenario, consideró que el Estado nacional "debe tener consideración con las economías regionales", pero aclaró que las gestiones "las tienen que hacer los Gobiernos locales, es decir, los municipales y el provincial, para allanar el camino para que la producción sea viable, porque sino esto va a desembocar en que muchos productores (alrededor de 40) dejarán de sembrar y todo el impacto económico negativo que generará en la zona".
"Acá se debe tomar una medida urgente, porque de las 64.000 hectáreas de arroz, 20.000 son con pozos profundos con energía eléctrica (los demás son con pozos a explosión), de las que hay una gran probabilidad de que entre 12.000 y 14.000 hectáreas ya no se siembren", advirtió.
