Los condenados son Carlos Alcides Rodríguez, de 51 años, empleado municipal y subdirector de la feria de Salta y Nogoyá, y su esposa de 48 años.
Como durante la investigación no se pudo probar con el grado de certeza necesario que la droga era para la venta o que era para consumo, se aplicó la figura residual de la Tenencia simple de estupefacientes y se acordó una pena de tres años de prisión, más una multa y reglas de conducta, publicó Uno.
Allanamiento
Los efectivos secuestraron “un envoltorio de color blanco cerrado con cinta adhesiva conteniendo marihuana por un peso de 131 gramos, una balanza digital, tres envoltorios de color negro cerrado conteniendo marihuana por un peso de nueve gramos, dos envoltorios de color transparente conteniendo cocaína el cual no arrojó pesaje, un envoltorio de color transparente cerrado conteniendo cocaína por un peso de 21 gramos y la suma de 1.500 pesos”.En el fallo, el juez Bonazzola sostuvo que los imputados reconocieron la culpabilidad y los hechos en la audiencia realizada, precisó Uno.
Comercialización
El juez analizó todas las pruebas que recolectó el personal de Prefectura Naval Argentina que hizo el trabajo de vigilancia que arrancó en marzo y que permitió comprobar la venta de estupefacientes al menudeo. Además sostuvo: “Amén de ello, la cantidad de droga hallada (cocaína por un total de 21 gramos y marihuana por un total de 140 gramos aproximadamente según pericia de Gendarmería), permite de manera razonable descartar que la droga estuviera destinada al propio consumo”, dijo el juez.Duda a favor
“Sintéticamente, más allá de los indicios generados a partir de las resultas de la investigación efectuada por Prefectura, no existe o no se alcanza la certeza respecto del ‘plus’ que se exige para condenar a los acusados por la comercialización de estupefacientes, ya que en el allanamiento a la vivienda que comparten no se hallaron elementos para ‘estirar’ el material, y tampoco surge tal extremo de la pericia del teléfono celular que les fuera secuestrado. En otras palabras, existe un margen de duda que debe jugar a favor de los imputados”.Los condenados deben cumplir durante dos años reglas de conducta, una de ellas es realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público a determinar por la OMA, por dos horas semanales.