"En los considerandos del decreto se hace referencia a que dicha facultad surge de la ley 27.132 y es éste un argumento falaz. La Ley 27.132 (promulgada el 20 de mayo de 2015) declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario, la política de reactivación de los ferrocarriles y el mejoramiento de los mismos, con el objeto de garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de empleo. Claro está que el objeto de la ley se contrapone con la letra y el espíritu de este nuevo decreto que facilita y propicia el cierre de los mismos", entendió Solanas. A su vez, dijo en un comunicado que "el artículo 75 inc. 18 de la Constitución Nacional establece como cláusula de progreso y prosperidad de todas las provincias, la construcción de ferrocarriles, con lo cual este decreto representa una afrenta a la propia Constitución y como tal debe ser impugnado. Esta es una medida más tomada de manera arbitraria por el gobierno nacional en detrimento de los intereses del pueblo argentino".
Solanas: "Cerrar trenes es negar la integración, el desarrollo y el empleo"
"En los considerandos del decreto se hace referencia a que dicha facultad surge de la ley 27.132 y es éste un argumento falaz. La Ley 27.132 (promulgada el 20 de mayo de 2015) declaró de interés público nacional y como objetivo prioritario, la política de reactivación de los ferrocarriles y el mejoramiento de los mismos, con el objeto de garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de empleo. Claro está que el objeto de la ley se contrapone con la letra y el espíritu de este nuevo decreto que facilita y propicia el cierre de los mismos", entendió Solanas. A su vez, dijo en un comunicado que "el artículo 75 inc. 18 de la Constitución Nacional establece como cláusula de progreso y prosperidad de todas las provincias, la construcción de ferrocarriles, con lo cual este decreto representa una afrenta a la propia Constitución y como tal debe ser impugnado. Esta es una medida más tomada de manera arbitraria por el gobierno nacional en detrimento de los intereses del pueblo argentino".
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