de 12 cuchilladas por su ex pareja en Pilar, fue encontrada la
última orden de restricción perimetral contra el femicida, una
medida judicial que obligaba al sujeto a no acercarse a menos de
500 metros.
La situación, a la que en las últimas horas se sumó otro hecho
similar en la provincia de San Luis, es paradigmática de una
alarmante problemática con fallas en el sistema de protección de
víctimas de violencia de género, y se calcula que 7 de cada 10
agresores no respetan los "cercos perimetrales".
Así lo reveló al Diario Popular el abogado Julio Torrada, del
Instituto Wanda Taddei, manifestando que "lo ocurrido en Pilar y
San Luis, tan sólo teniendo en cuenta estos dos últimos hechos,
nos enfrenta a una pasmosa realidad con hombres violentos que se
creen dueños de las vidas de miles de mujeres operando con
absoluta impunidad, derivación directa de un sistema que no las
está cuidando y las continúa victimizando aún cuando cumplen con
todos los protocolos".
La mañana del miércoles, Belén salió de la casa de su madre y
fue atacada por Alberto Sebastián Moreno, a golpes primero y luego
con puñaladas.
El peor de los puntazos fue en el cuello, con una profundidad
de 12 centímetros. Murió al instante, mientras el agresor huyó, y
sigue prófugo.
Belén había logrado salir del círculo de violencia, pidió ayuda
y cumplió con todos los protocolos, sin embargo, el femicida la
esperó, la emboscó y la mató.
"Todos los días tenemos casos de agresores que no respetan las
órdenes perimetrales, con mujeres que sufren violencia
psicológica, mediante insultos y amenazas, violencia física con
golpes, o en casos extremos con intentos de femicidios, muchos que
llegan a concretarse", señaló Torrada.
Al tratar de explicar las razones por las cuales las medidas
judiciales no funcionan, el especialista dijo que "la realidad es
que no hay capacidad operativa, en términos de cantidad de
efectivos policiales, para cubrir la altísima demanda que
conllevan las órdenes judiciales de restricción perimetral".
"Por ejemplo, sólo en la provincia de Buenos Aires se presentan
en fiscalías y juzgados unas 350 denuncias cada jornada por
episodios de violencia de género".
"Seguramente, de ese número global, una gran parte requiere de
protección para las víctimas. Y no se puede cumplir".
"Hay muchas medidas que salen del Poder Judicial, pero son
imposibles de llevar a cabo. En la práctica, es como si no
existieran las medidas", opinó el letrado.
El pasado 15 de abril, la maestra jardinera María Eugenia
Lanzetti, de 44 años, fue asesinada por su ex marido Mauro
Bongiovanni, que utilizó un cuchillo para degollarla, en el
interior del aula donde daba clases a niños de 5 años.
El hecho ocurrió en Córdoba, y el cadáver de la mujer tenía en
una mano el botón antipánico que le habían brindado para
"protegerse", más una orden de restricción perimetral, que
claramente no funcionó.
"El gran problema con las medidas restrictivas es que la
responsabilidad del cuidado y la prevención está en manos de la
víctima, que tiene que ser la encargada de observar y avisar a las
autoridades. Se la sigue victimizando", añadió.
"El foco tiene que estar puesto en los agresores, a ellos se
los debe controlar de cerca. Porque, caso contrario, tenemos
mujeres aterradas y agresores que andan libres, como quieren,
planeando femicidios", cerró Torrada.
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Cómo frenar el impulso violento
¿Es posible revertir la actual indefensión de mujeres que
padecieron violencia de género, pidieron ayuda y, al estar
desprotegidas, terminan sufriendo el peor rostro de la brutalidad
machista?
"Los recursos del Estado para evitar femicidios deben volcarse
a contener a los violentos que son potenciales femicidas. Tenemos
que discutir cómo podemos frenar el impulso violento", explicó
Julio Torrada.
"Hay lugares del mundo -agregó- en los que usan tobilleras para
los violentos, los monitorean. Acá seguimos victimizando a las
mujeres, que se la pasan en los juzgados, las comisarías o
encerradas en sus casas por miedo, y ni así están seguras".
NA.