Crédito: Radio Máxima
“Lo que se sacó como conclusión es que no era un lugar apto para alojar ancianos y personas con patologías, un estado deplorable, incluso hacinamiento, había habitaciones con muchas camas juntas, no había espacio para ventilar”, explicó a Radio Máxima el fiscal a cargo de la causa, Facundo Álvarez.
Álvarez dijo que él tomó intervención tras la denuncia de una mujer cuyos datos se reservan, quien “refería que en el geriátrico había personas ancianas, mayores, en estado de abandono, mal comidos y que estaban sin intervención médica, personas con ciertas patologías no asistidas de manera adecuada”.
Y agregó que allí se dio intervención a la Defensoría a cargo de la doctora Sandra Re y al juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes, Héctor Domingo Vasallo. Se decidió constatar el estado de salud de las personas ancianas y se confirmó que también había personas más jóvenes. “Había un total de 19 residentes, 11 de los cuales eran mayores de 60, y el resto no. Algunos tenían patologías, como esquizofrenia. Y, si bien tenían la medicación, se pudo corroborar que las condiciones de higiene eran realmente malas, falta total de limpieza. Del examen efectuado por la médica de Policía, no se pudo determinar el origen de lesiones, escoriaciones, hematomas que tenían algunas personas, aunque ninguno manifestó haber sido agredido”, explicó el fiscal.
“Se contemplaba la posibilidad de que existieran lesiones leves o amenazas, ante lo verosímil del relato de la denunciante. El juez Ignacio Telenta consideró que había elementos suficientes para un estado de sospecha y un allanamiento. Había una sola persona a cargo, y se presentó una persona como hijo del dueño, no del encargado, que residía allí y colaboraba”, detalló Álvarez.
El fiscal confirmó que la Justicia tiene injerencia ante la posible comisión de hechos ilícitos, pero la habilitación y el control de los geriátricos dependen del Ministerio provincial de Salud.
“En el momento no presentaron ninguna documentación para funcionar. El juez Vasallo pidió informe a la Municipalidad, y se informó desde allí que el ámbito de habilitación y control corresponde a la Provincia, concretamente al ministerio de Salud de Entre Ríos”, indicó al confirmar que, a partir del accionar judicial, el lugar fue clausurado el 24 de mayo.
“Se nos informó que las personas fueron reubicadas en otros lugares, con sus familias y en el hospital Centenario”, indicó Álvarez al destacar la buena labor que se realizó tanto con el Juzgado de Familia como con la Defensoría.
Finalmente, el fiscal expresó que “no se descarta que a partir de los testimonios de las personas surja alguna cuestión delictiva, cuestiones penales concretas”. “En un primer momento se contaba con la presunción de hechos ilícitos, y a partir de allí se arrancó. En abril solicité la reubicación de las personas residentes y el juez entendió que no había elementos que nos den la pauta de la comisión de delitos”, cerró.
