El decreto del gobierno de Ceres conocido el pasado lunes entre sus considerandos anuncia que sobre las calles Tucumán y Larrea, se encuentran distintos inmuebles donde años atrás funcionara una recuperadora de plomo, bajo la firma NESAGLO S.A., ignorando actualmente la situación jurídica de dicha firma.
Este martes el coordinador de gabinete municipal, Guillermo Cravero, habló en Máxima FM de esa ciudad y aseveró que “hay 4 niños que estan siendo asistidos en Santa Fe por habersele detectado plomo en sangre. Todos estos niños son del mismo núcleo familiar, y están con sus mamas. Los chicos serán tratados por especialistas en esta materia” sostuvo.
El funcionario adelantó a medios locales que “la familia de estos niños se fue al campo. Nosotros como Gobierno los ayudamos a trasladar todas sus cosas. Otra familia, están contenidos en la Casa de abrigo Maria Florentina, las mamas y los chicos, hasta tanto el gobierno les termine de arreglar la casa que consiguieron para vivir. Y otro matrimonio, está alojado en un hotel que está pagando el gobierno, hasta tanto acondicionemos una habitación que le han cedido sus familiares para que ellos residan ahi”.
El portal ceresciudad.com destaca que sólo una familia, compuesta por tres personas se negó a irse de la ex fábrica, y esperan que una resolución judicial los saque del lugar.
“Nos encontramos que están de vacaciones y la justicia en feria, pero este decreto nos permite poder evitar que otros se asienten en el lugar. Esa decisión la tomamos a partir de una determinación de la Fiscalía Regional. Es un terreno privado como lo sabemos, y que mientras este en concurso de acreedores no se puede tocar nada, porque lo ideal sería demoler todo”, puntualizó Cravero quien agregó: “no hicieron nada, solo fueron una vez para ver como estaban viviendo, y nada más. No gestionaron ni nos ayudaron a gestionar nada en provincia y nación, teniendo en cuenta que gobierna el color político que ellos representan. Pero hacen comentarios de “mala leche” culpando de todo lo que le pasa a estas familias al gobierno municipal. No aportaron una sola idea para la solución de la problemática, de la cual si se hizo cargo el municipio. Es muy vil usar esta situación de la vulnerabilidad de estas familias para hacer política”.
Vale destacar que desde el 20 de enero de este año la Secretaría de Desarrollo Humano, quien viene asistiendo a las familias asentadas en dicha fabrica desde octubre de 2020, propone distintas medidas de acompañamiento para reubicar bajo un techo digno y un hábitat saludable a todas las familias, ocupantes precarios de las instalaciones de la ex recuperadora de plomo.
Actualmente el Municipio, en forma coordinada con los distintos organismos competentes, está tratando de reubicar dichas familias con el objeto de no agravar el cuadro de situación sanitario, sin perjuicio de la ayuda social y alimentaria hacia aquellos en situación de vulnerabilidad. “Hasta tanto se cuente con informes del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia que determinen de manera fehaciente la existencia de plomo y su grado de peligrosidad, y los demás estudios ambientales que disponga aquél, en virtud de los años en que funcionó la empresa en dicho lugar, es preciso advertir a toda la población de los eventuales riesgos que implican dichos asentamientos irregulares en el predio, arbitrando en la medida de lo posible medidas tendientes a evitar nuevas usurpaciones que deriven en posibles afectaciones de salud de las personas”.
El municipio declaró zona no apta para se habitada a los inmuebles ubicados en la ochava Noreste y Sureste de la intersección de calles Tucumán y Larrea de nuestra Ciudad, identificados bajo las partidas inmobiliarias: 0701005341260008, 0701005341210002, 0701005341260019, 0701005341260020 y 0701005341260009, todas ellas bajo la titularidad de la firma NESAGLO S.A. según el Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe.
Investigación federal
Este martes el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, subrogante del cargo en la ciudad de Rafaela, inició una investigación preliminar para determinar posibles responsabilidades penales de quienes eran los titulares de la fábrica de baterías que funcionó en el lugar hasta hace algunos años.
El funcionario del Ministerio Público dispuso media docena de medidas que tienen por objeto comprobar si se cometieron delitos previstos por la llamada “ley de residuos peligrosos”.
Entre otras cosas, Onel solicitó la historia clínica de los chicos presuntamente afectados, la partida de defunción de una menor fallecida, las autorizaciones que obtuvo la empresa para funcionar, distintos registros e informes ambientales, así como las actuaciones realizadas por el Ministerio Público de la Acusación con respecto a la usurpación. (Litoral)
