"A esta altura ya sospecho que a mis hijas me las robaron para venderlas. Hace casi tres años que batallo para saber dónde y con quién están, nunca más las pude ver". Dolorida hasta las entrañas, Luciana Barbera lucha para poder volver a ver a sus dos hijas, hoy de 5 y 3 años, que ante severos riesgos que sufrían al vivir en la calle con ella y tras una medida excepcional, la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia decidió separarlas de la madre. El expediente judicial que tramita un juzgado de Familia define si declara a las niñas en estado de adoptabilidad.
El caso de Luciana se conoció a fines de septiembre de 2019. La joven, ultrajada por familiares en su casa, escapó y desde adolescente prefirió vivir en la calle antes que estar sometida. En ese momento contó que en julio de 2017, dos años antes y en medio una precaria situación social, la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia decidió una medida excepcional y la separó de sus dos hijas: E. tenía seis meses de vida, y M. de 2 años.
Según Niñez, la situación de vulnerabilidad y los peligros de la calle expuso a las niñas a muchos riesgos para su salud e integridad. La medida de protección parecía más que pertinente y lógica si el fin era resguardar a las niñas. Al mismo tiempo Luciana comenzó un derrotero sinuoso para salir de la realidad a la que fue empujada y no eligió.
La media que tomó el organismo provincial se judicializó en Tribunales. Al tiempo y luego de varias evaluaciones recomendó que las niñas pasen a estado de adoptabilidad. El control de legalidad quedó a cargo de la jueza de Familia Nº 4 Paula Mangani.
Según Luciana, a ese despacho sólo fue convocada un par de veces, algo que desmienten desde Tribunales. "Hicimos muchas medidas con el gabinete social, abrimos muchas puertas, le mandamos notificaciones pero Luciana nunca vino",replican fuentes judiciales.
Con el compromiso de modificar su realidad social para generar un ámbito saludable que le permitiera recuperar y criar a sus hijas, Luciana se sometió a tratamientos, consiguió trabajo y un techo. Sin embargo y de acuerdo a su versión, hubo una marcada indiferencia sobre ella, y nunca más pudo volver a ver a E. y M. Ni siquiera revincularse periódicamente, una medida intermedia que siempre reclamó.
Pasaron casi tres años valiosos, irrecuperables para retomar los lazos entre la madre y sus hijas. Lo más grave, es que según denuncia, a pesar de insistentes gestiones, nadie le dijo dónde ni con quien están, en qué condiciones. Tampoco parecen tener efecto las presentaciones que en ese sentido hizo su defensor oficial Horacio Ferreyra.
¿Dónde están?
Luciana no sabe qué hacer. Por un lado ella entiende que se esmera y esfuerza para tener una oportunidad que le permita recuperar a sus hijas, pero las fojas del expediente van por otro camino."Nunca tuve respuesta desde ni de Niñez ni en Tribunales. Tengo la impresión de que a mis hijas las vendieron, no puede ser que pasaron tres años y ni los jueces nadie me diga dónde están", denuncia ante el destrato que adjudica a su condición social humilde.
"La maldad existe en todas las personas, también en funcionarios. Yo quiero saber dónde están, porque además tampoco me explican los motivos por los cuales perdí el contacto", grafica con dolor. Dice que en la pensión donde vive con su compañero Lucas, acondicionó una habitación con todo lo que necesitan las niñas. "Solo faltan ellas, la pinté y quedó hermosa", se ilusiona.
Luciana recuerda la infinidad de veces que visitó la sede de la subsecretaría de Niñez para reclamar por sus hijas. "Muchas veces la ex directora Claudia Aguilera (ordenó la medida excepcional) llamaba a la policía para que me sacaran. Me arrastraban y me pegaban dentro de la comisaría 2ª. En una oportunidad mi acompañante terapéutica Claudia Barbieri vio todo. En Niñez siempre me maltrataron y me defraudaron, todos, me discriminaron, hasta se reían de cómo vestía".
Para la joven, el organismo que fue creado para velar por sus derechos y los de sus hijas tuvo una mirada recortada. En lugar de contenerla para proteger los lazos filiales, y resguardarla junto a sus hijas, la ningunearon. Recuerda además que otra funcionaria de segunda línea en ese momento, Patricia Virgilio (hoy es la titular del área), estaba al tanto de todo lo que pasaba, al igual que los equipos de psicólogos y terapeutas.
Cansada de andar pero sin perder las esperanzas, Luciana dice "que nadie la escucha. Hubo gente que me cerró las puertas, me quiere ver mal. La jueza es una de ellas. En estos años apenas me atendió dos veces".
"Hasta hoy me duele, pero trato de no decaer. Creo que en su momento vieron que no tenía dónde vivir, ni familia y por eso se aprovecharon. Ahora estoy viviendo con mi pareja, acondicionamos y pintamos una habitación para las nenas, con sus camas, juguetes, ropa, sólo faltan ellas", insiste Luciana.
Plazos y definición
Los plazos legales en el caso de Luciana están vencidos. La ley establecer que a partir de la judicialización se cuentan seis meses para definir si los menores pueden o no quedar en estado de adoptabilidad.
Según pudo averiguar La Capital, ante la complejidad de los hechos la jueza se tomó más tiempo para analizar aespecto sensibles, y abrió instancias que no tuvieron éxito para restablecer el vínculo entre Luciana y sus hijas. Los detalles del expediente son reservados a las partes por la protección de la intimidad de la niñas.
Por su parte, el defensor de la mamá presentó tres escritos para solicitar la revinculación. Y hace pocos días formalizó la revocatoria a la decisión de declarar la adoptabilidad. Ante esa oposición de Luciana, el expediente pasó evaluación de la defensora María Gracia Paoletti. Una vez que esa funcionaria se expida, la jueza finalmente deberá decidir en relación a las niñas.
Niñez reconoce alguna falla
Desde la Subsecretaría de Niños, Niñas, Adolescencia y Familia de la provincia dieron su postura sobre el caso de Luciana Barbera. La titular del organismo a nivel provincial, Laura Fedele, aclaró que el caso se arrastra de la gestión anterior."Cuando asumimos el expediente ya estaba pasado con dictamen de adoptabilidad. Si hubo una falla es que durante la intervención de Niñez tal vez no se articuló para que la madre pudiera acceder a visitas en los términos que marca la ley para evaluar la revinculación", reconoció Fedele.
Igualmente la funcionaria remarcó que "se trabajó con Luciana a partir de su estado psicológico y pedidos de diagnóstico por un cuadro de psicosis aguda. Fue derivada a un centro terapéutico Comunitas. Y aunque pudo haber fallas en los informes, se dictaminó que no podía estar a cargo de las nenas y se recomendó a la jueza que pasen a estado de adoptablidad".
En ese sentido Fedele aclaró que "ahora la que debe definir es la jueza. En ningún momento cuestionó o dijo que la actuación de Niñez estuvo mal, aunque puede hacerlo, como en todo proceso de esta naturaleza. Lo que no entendemos es por qué al iniciarse el expediente nos e ordenaron medidas de revinculación, que se podrían haber hecho con acompañantes terapéuticos, porque el tiempo que pasó es demasiado, están los plazos vencidos y se debe resolver".
"Se lesionaron derechos humanos"
Buscando respuestas que no llegan, el abogado que asesora a Luciana hizo una presentación ante la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Luciana Puyol. Además de anoticiar de la gravísima situación, pide la urgente intervención del organismo en resguardo de los derechos elementales de Luciana.Con sustento en la ley de protección integral de los derecho de la niñez consagrados en la ley 26.061 y 24.417 de Violencia Familia donde se retoman tratados y pactos internacionales, Hugo Scarzi recalca que "se han lesionado gravemente las garantías judiciales indispensables en el expediente Barbera E. y otros sobre control de legalidad de la medida excepcional" que se tramita en el juzgado de Familia Nº 4 de Rosario".
En ese escrito el abogado plantea que se apartó a la madre de sus hijas "por ser pobre". Y que "el propio Estado la privó por esa condición de poder criar a sus dos hijas, con la que no se trabajó para una efectiva revinculación y abordaje social integral del caso. El letrado manifiesta que "la legitimación de Luciana está suficientemente probada, atento a la flagrante lesión del derecho constitucional violado, a ser madre y criar a sus dos hijas".
Entiende que su condición de "pobreza crónica" que padeció y padece le impidió durante todo este tiempo el acceso a la justicia, entendiendo ese servicio como un derecho humano fundamental que debe estar contemplado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial". (La Capital)
