Finalmente, este martes a la medianoche le practicaron una cesárea a la nena de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela en Tucumán. El embarazo fue detectado hace poco más de un mes, pero diferentes agrupaciones antiabortistas junto con una fiscal que actuó de oficio, retrasaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Desde un primer momento la nena y su mamá expresaron su voluntad de abortar tal como lo estipula la ley, pero finalmente se la obligó a parir.
La agrupación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), que acompaña a la familia, denunció que en la puerta del hospital hubo agentes del Ministerio Público Fiscal durante la implementación del procedimiento, solicitando los datos personales de quienes lo practicaron.
"No sabemos bajo qué circunstancia se pidieron los nombres, si por la causa penal de la violación o por qué. Lo cierto es que la presencia de agentes judiciales es intimidatoria", explicó a minutouno.com Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes que vienen acompañando a la familia de la nena. El hombre que violó a la menor de 11 años está detenido.
La víctima se encuentra fuera de peligro. "Estamos hablando de que una interrupción legal del embarazo forma parte de nuestro Código Penal desde 1921", subrayó Marchese y agregó: "Ahora tenemos que saber por qué tardaron tanto en aplicar el protocolo. Nunca se tendría que haber llegado a esta situación ya que era un caso perfectamente tipificado con relación a lo que aparece en la ley".
