Los fiscales protagonizarán hoy la última de las 9 audiencias que les otorgó el tribunal para desplegar su alegato, y formularán el pedido de condenas que anunciaron semanas atrás cuando comenzaron la exposición que apuntó, en su mayor parte, a acusar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los alegatos de las defensas no comenzarán esta semana: cuando finalice la exposición de los fiscales el tribunal dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados puedan terminar de pulir sus ponencias en el marco del debate final.
Si bien no se descarta que la fiscalía pueda pedir alguna audiencia más, hasta última hora del viernes eso no había ocurrido y por el contenido de la exposición de ese día (los fiscales repasaron la supuesta responsabilidad de algunos imputados y los tipos de delitos que dicen haber probado) se espera que el lunes concluya el alegato, como estaba previsto.
"Se establece un límite máximo de 9 jornadas de alegato para la Fiscalía de Juicio y de tres audiencias de alegato para cada una de las partes restantes. Nuevamente con el objeto de asegurar la mayor previsibilidad, se informa que para los alegatos de las defensas se establece un orden alfabético, sucesivo y continuo", había advertido el tribunal a las partes en junio pasado.
De imponerse ese criterio, las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar, según el orden alfabético de los imputados.
Sin embargo, ese esquema podría alterarse: esta agencia pudo averiguar que ya hubo abogados que plantearon la necesidad de modificar el orden, aunque los cambios eventuales se anunciarían recién cuando concluya el alegato del Ministerio Público Fiscal.
En esta causa se le imputa a la vicepresidenta la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.
Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.
De Vido, López y Periotti fueron acusados de ser los supuestos organizadores de una asociación ilícita para beneficiar a empresas de Báez y a través de maniobras que habrían perjudicado las arcas del Estado.
Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la fiscalía sostuvo que "no hay pruebas sobre algún aporte o participación" en la supuesta asociación ilícita y que "no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva".
Entre los imputados también está el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.
Las defensas reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a proponer conclusiones equivocadas.(Télam)
