Política Salud

Analizan aumentar los aportes de trabajadores y empresas a las obras sociales

Las contribuciones ascenderían en total del 9% al 11% del sueldo bruto para compensar la desfinanciación del sistema sindical de obras sociales, afectado por la caída de la recaudación y el constante aumento de los costos de la salud.
Los aportes de cada trabajador para las obras sociales aumentarían del 3% al 4% del salario y los del empleador subirían del 6% al 7%. De esta forma, las contribuciones ascenderían en total del 9% al 11% del sueldo bruto. Esa sería la fórmula que analizan el Gobierno y la CGT para compensar la desfinanciación del sistema sindical de obras sociales, afectado por la caída de la recaudación debido a la crisis económica y al constante aumento de los costos de la salud, muchos de los cuales están dolarizados, sobre todo de los medicamentos.

El ministro de Salud, Ginés González García, reveló en una charla con el portal especializado Consenso Salud que "la CGT está proponiendo, al entender que el sistema está en grave riesgo, y de hecho lo estamos conversando, un incremento en los aportes (para las obras sociales) por parte de los trabajadores".

Los aportes y contribuciones al sistema de obras sociales surgen de una ley, por lo que haría falta otra norma aprobada por el Congreso para aplicar los aumentos proyectados entre el Gobierno y la CGT.

Hoy, los empleados en relación de dependencia aportan un 3% de su sueldo bruto, y los empleadores, un 6%. De ese total del 9%, entre un 7,2% y un 7,65% llega a la obra social y el resto va al Fondo Solidario de Redistribución y al Sistema Único de Reintegros (SUR), que pagan los tratamientos de alta complejidad.

Por pedido de la CGT, el Gobierno resolvió desde mayo compensar el "rojo" con una "ayuda excepcional" que proviene del Fondo de Emergencia y Asistencia, creado durante el gobierno anterior y que nunca había sido utilizado.

Así, la Superintendencia de Servicios de Salud les giró en mayo a las obras sociales 1.279 millones de pesos por la caída de los aportes de abril comparados con los de marzo de 2020; en junio fueron 1.276 millones de pesos y en julio, 821 millones de pesos. El apoyo financiero se redujo en agosto a 125 millones de pesos.

El Gobierno compensa exactamente la caída de los aportes que registra oficialmente la AFIP, por lo que los aportes a las obras sociales ya se están recuperando. En algunos casos hay actividades que se reanudaron, también hubo un impacto del programa ATP por el cual el Estado paga una parte de los salarios de las empresas en crisis e incluso también se preservan los aportes y contribuciones para las obras sociales en las suspensiones pagas que son acordadas según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Aun así, se quejan en la CGT, hay obras sociales que no se pueden recuperar y cuyo sostenimiento es incierto si no hay ayuda estatal porque el sector al que pertenecen sigue en crisis, como el caso de los gastronómicos, el turismo o el sector aeronáutico, y el sistema de salud en general tiene costos altos y difíciles de afrontar, publica Infobae.

Ginés González García también advirtió que el aumento en los aportes a las obras sociales "hacen que mejore su situación, pero no es suficiente" y por eso reveló que el Gobierno "está pensando en cambios estructurales" en el "corto plazo": dijo, por ejemplo, que "hay muchas obras sociales que no deben existir porque le agregan costos de transacción y conductas antisolidarias al sistema".

También mencionó "temas difíciles de explicar y que hay que corregir" como el de los monotributistas (que hacen un aporte menor que los trabajadores en relación de dependencia, pero deben acceder a las prestaciones del Programa Médico Obligatorio, algo que, según los sindicalistas, acentúa la desfinanciación de las obras sociales).

A principios de la cuarentena, la CGT le había entregado al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, una propuesta de 12 puntos para mejorar la situación crítica de las obras sociales, con la expectativa de que ese documento fuera analizado por el ministro de Salud.

Allí figuraba la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la instauración de una canasta de prestaciones acorde con los ingresos y el pago por parte del Estado de los medicamentos de alto costo, entre otras medidas. Y en ese momento, en que se perfilaba la fuerte caída en la recaudación, comenzó a hablarse entre la CGT y las autoridades de Salud sobre la posibilidad de aumentar el aporte de los trabajadores.

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