Además, van a juicio Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en nuestro país; el supuesto espía Ramón Bogado, el líder de Quebracho Fernando Esteche, Luis D´Elía, Eduardo Zuain, el extitular de la AFI Oscar Parrilli, su entonces segundo Juan Martín Mena, la exprocuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, y el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.
En tanto, sobre Cristina Kirchner pesa un pedido de desafuero ordenado por Bonadio puesto que dispuso su prisión preventiva ante la posibilidad que gracias a sus contactos quisiera eludir o bien entorpecer la investigación en su contra.
Pero Lijo luego dispuso que por conexidad pase a su par Claudio Bonadio porque este último tenía a su cargo una investigación por presunta traición a la patria contra Timerman y Cristina Kirchner, por haber firmado el Memo con Irán pese a saber de la presunta responsabilidad de Irán en el atentado.
"A los acusados se les imputó haber participado de una maniobra delictiva que lograría la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado el día 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina", recordó Bonadio en su resolución al disponer elevar a juicio.
El tratado con Irán se firmó el 27 de enero del 2013 en la ciudad de Addis Abeba, Reino de Etiopía, y ?según Bonadio- esa herramienta "fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Kirchner al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación".
Según el juez el plan fue "orquestado y puesto en funcionamiento por la entonces presidente Cristina Kirchner", y que como funcionarios "abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados, participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní".
Bonadio elevó a juicio al considerar que están reunidos "los extremos necesarios para que el mismo pase a su ulterior etapa, en relación a los doce imputados" y que está "acreditada la materialidad del delito investigado".
