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Actualmente, según estimaciones oficiales, son unos 950 millones de pesos, que surgen del 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a las obras sociales. La decisión del Gobierno, según confirmaron altas fuentes oficiales al diario Clarín, es eliminar el SUMA "en un corto plazo", aunque en una primera etapa, que se anunciaría esta semana, sólo avanzaría con el recorte a la mitad. "Es un subsidio que no tiene demasiada justificación. No tiene sentido darles tantos fondos a gremios ricos", indican.
Sucede que la distribución de esos fondos se determina según el tamaño del gremio: el 20% se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados. Mientras que el 80 por ciento restante va en forma proporcional al número de afiliados, de manera tal que se asegure que las obras sociales con menos de ese número de beneficiarios reciban un importe promedio. Es decir, además ampara a las más pequeñas. En el Gobierno, no obstante, aclaran que "a las más chicas se las va a seguir asistiendo de otra manera, no se las va a desfinanciar".
De igual manera, la intención oficial es que se fusionen -o al menos compartan recursos- las obras sociales de sindicatos más pequeños, en línea con el mensaje que dio Macri meses atrás, cuando se quejó que "no puede ser que haya más de tres mil sindicatos". También algo deslizó el ministro de Trabajo Jorge Triaca, cuando el año pasado admitió que el Gobierno analizaba "cómo hacer para que funcionen mejor".
En el Gobierno sostienen que el plan busca optimizar los recursos en materia de salud en un escenario de urgencia económica. "Se duplicó la cantidad de subsidios de prestaciones de discapacidad y crecieron el costo de algunos tratamientos con amparo judicial y eso afecta los montos que se distribuyen", argumentan. "La prioridad -agregan- es dar respuesta a esos casos".
