En el pedido se requieren los cargos vacantes, la cantidad de personal, tanto funcionarios como empleados, asignados a cada unidad. Asimismo, las diversas jurisdicciones nacionales y federales deberán incluir en los informes la cantidad de causas y porcentual de incidencia sobre el total, por tribunal (juzgados, tribunales, cámaras de apelaciones) y por competencia (laboral, civil y comercial, penal, seguridad social, etc.), de cada tipo de proceso (ordinarios, sumarísimos, amparos, etc.); como así también indicar si publican información de los procesos de manera accesible al público en general. Además, entre otras, la documentación deberá indicar la cantidad, según el tipo de proceso, de causas iniciadas y concluidas en los últimos años.
El autor del proyecto considera que, para la adopción de políticas públicas, como primera medida, "se debe contar con información que permita diagnosticar de manera multifacética los diversos factores que inciden en el funcionamiento del Poder Judicial. Sin que ello agote la cuestión, la información solicitada contribuirá a identificar los factores que determinan la duración ?a veces excesiva? de los procesos judiciales, lo cual repercute en la percepción sobre el funcionamiento de algunos fueros del Poder Judicial a los que se recurre para dirimir conflictos y controversias de diversa índole".
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